La constructora e inmobiliaria española Urbas se enfrenta a los peores momentos de su historia. La compañía, que desarrolla proyectos de vivienda y gestiona suelos y alquileres bajo marcas como AdHome, CHR y Jaureguizar, ha visto cómo su estabilidad financiera y corporativa se ha deteriorado drásticamente durante los últimos meses, culminando con la presentación de un concurso voluntario de acreedores ante un juzgado de Madrid.
La situación se ha agravado en los últimos días tras la destitución del consejero independiente y presidente de la Comisión de Auditoría, Francisco Javier Álvarez, quien había denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción posibles irregularidades cometidas por el presidente y principal accionista, Juan Antonio Acedo.
La denuncia apuntaba a presuntos fraudes societarios, corrupción en negocios y administración desleal, así como a la ocultación de información relevante al consejo de administración, a los accionistas y al regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras presentar la denuncia, Álvarez fue apartado de sus funciones con efectos inmediatos, una decisión que, según la compañía, fue adoptada por unanimidad del consejo por presunta falta de independencia y conflicto con la dirección. El episodio ha generado un profundo desgaste en la gobernanza de Urbas.
El cese de Álvarez se suma al intento de revocación del auditor externo, A Worldwide Audit Assurance España, cuya salida será sometida a votación en la próxima junta general extraordinaria. La relación con la auditora se deterioró después de que esta activara el protocolo de fraude ante indicios de ocultación de información y la necesidad de revisar operaciones sospechosas.
Esta situación contribuyó a que el pasado 30 de abril la CNMV suspendiera la cotización de Urbas, al no disponer de cuentas auditadas que cumplieran con los requisitos regulatorios. La falta de aval por parte del auditor de las cuentas de 2024 también impulsó el preconcurso de acreedores presentado en mayo y complicó la homologación judicial de cualquier plan de reestructuración. El trasfondo financiero de Urbas es igualmente preocupante.
La compañía ha acumulado una deuda cercana a los 400 millones de euros, y sus pérdidas netas consolidadas para 2024 ascendieron a 137,1 millones. Estos números reflejan la magnitud de la crisis y la dificultad de valorar con precisión la situación financiera debido a la ausencia de auditoría completa y al deterioro de la gestión interna.
REESTRUCTURACIÓN
A lo largo del año, Urbas había intentado implementar un plan de reestructuración financiera con el apoyo de la firma Álvarez & Marsal, que inicialmente obtuvo el respaldo del 76,8% de los acreedores, cubriendo solo una minoría de la deuda total.
Sin embargo, las diferencias con algunos acreedores estratégicos, como la firma Roundshield, han complicado los esfuerzos de la compañía. Roundshield, que controla un crédito litigioso de difícil recuperación, se negó a certificar las mayorías necesarias para la homologación judicial del plan y vendió gran parte de su deuda a otra entidad, dificultando aún más las negociaciones.
La situación se agravó con la presentación de un plan alternativo por parte de otro acreedor, obligando a Urbas a solicitar el concurso preventivo como medida de protección ante el vencimiento de los plazos legales.
El deterioro del gobierno corporativo ha sido paralelo al financiero. La empresa ha registrado la salida de varios consejeros y directivos, incluido el propio Álvarez, generando un clima de alta incertidumbre sobre la gestión y la transparencia de la compañía. La CNMV, consciente de las tensiones internas y de las posibles irregularidades contables, ordenó la realización de un informe forense contable por parte de Deloitte, ampliando posteriormente el alcance de la investigación a ejercicios previos desde 2018 hasta 2020, para analizar ciertas operaciones cuestionadas por la consultora FTI.
Esta medida buscaba evaluar la veracidad de los apoyos obtenidos para el plan de reestructuración y asegurar la integridad de las cuentas. La situación de Urbas también tiene implicaciones para sus filiales, como Murias, en el País Vasco. Esta unidad presentó un plan de viabilidad que garantiza el pago completo de su deuda y asegura la continuidad del negocio, protegiendo tanto a los acreedores como a los trabajadores.
No obstante, la incertidumbre sobre la compañía matriz afecta indirectamente a sus operaciones, especialmente frente a acreedores y empleados que temen por el futuro de sus inversiones y sus puestos de trabajo.
En este contexto, la junta general extraordinaria convocada para finales de diciembre se presenta como un momento clave para decidir el futuro de la compañía. Se votará no solo sobre la revocación del auditor, sino también sobre cambios significativos en el consejo de administración, incluyendo la entrada de nuevos miembros como Juan Yanes, ex alto cargo del Banco Santander. Estos movimientos buscan reorganizar la estructura de control y reactivar la confianza de los acreedores, aunque la magnitud de la deuda y las tensiones internas le hacen asomarse al abismo.
