La polémica en torno a las presuntas irregularidades en el transporte de mercancías vinculadas a Coca-Cola vuelve a reactivarse tras la aparición de nueva documentación enviada directamente al Ministerio de Transportes. Sin ir más lejos, Dislugo S.L. ha remitido una carta al ministro Óscar Puente detallando, con fechas, cálculos y ejemplos concretos, un supuesto sistema de reparto por carretera que —de confirmarse— implicaría incumplimientos sistemáticos de la normativa sobre tarjetas de transporte, con un impacto económico millonario.
En este sentido, la nueva misiva añade presión a un asunto que ya estaba sobre la mesa desde que MERCA2 adelantó dos investigaciones. La primera sobre la denuncia por irregularidades en Galicia en 2022 y otra sobre el reciente expediente de la CNMC por competencia desleal entre Coca-Cola y Estrella Galicia. El denunciante asegura haber alertado a distintas administraciones desde 2022 sin obtener respuesta.
«El día 8 de septiembre me dirigí a la Sra. Sánchez Ex Ministra, tiempo más tarde, me contesto un asesor diciéndome que no podían hacer nada más de lo que hace la Xunta de Galicia o la Guardia Civil, yo la verdad no sabía y he de reconocerlo que la competencia de transporte las tienen las Comunidades Autonómicas«, explicaba el denunciante, Jose Luis de Dislugo en una carta al Ministro de Transporte Óscar Puente.
Fuente: MERCA2
ÓSCAR PUENTE CONOCÍA LAS IRREGULARIDADES DE COCA-COLA
En este sentido, en la carta enviada al Ministro de Transportes expone que, durante años, Coca-Cola habría distribuido mercancía utilizando camiones de distribuidores sin la tarjeta de transporte adecuada. Según su relato, tras la reestructuración de embotelladores de 2014 y la creación de Coca-Cola European Partners, la compañía habría optado por facturar directamente al cliente final, obligando a los distribuidores a operar como transporte público pese a no disponer de autorización para ello.
Asimismo, el denunciante recuerda en su exposición que la empresa debía conocer esta situación. «Coca-Cola era conocedora de que miles de sus distribuidores tenían tarjetas de servicio propio y ella misma, como cargadora, tiene la obligación de saber quién va a hacer el porte y si está debidamente autorizado«. En caso contrario, explica, el transportista incurriría en infracciones graves sancionadas con 4.001 euros por cada camión que opere sin los permisos exigidos.
La carta dirigida a Óscar Puente detalla cálculos que apuntarían a un volumen de sanciones potenciales muy elevadas
Concretamente, en Galicia tal y como detalla el denunciante, circularían a diario más de 200 camiones en posible situación irregular, lo que supondría un fraude de «más de un millón de euros al día». En la carta a Óscar Puente se detalla que esta cifra se multiplicaría si se extrapola al conjunto de España. «Si esto lo trasladamos al resto del territorio nacional, las cifras son escandalosas, quizás entre 20 y 30 millones de euros diarios».
Sin ir más lejos, Jose Luis afirma haber advertido en enero de 2023 al entonces Fiscal General del Estado, también sin recibir contestación. Posteriormente, en mayo del mismo año, habría elevado la denuncia al General Jefe de la Agrupación de la Guardia Civil acompañado de un audio, que asegura haber grabado meses antes, en el que dos ejecutivos de Coca-Cola le explicaban supuestamente cómo actuar en caso de ser multado.
Según la transcripción incluida en la carta dirigida a Óscar Puente, uno de los interlocutores indica que bastaría con presentar determinadas facturas para que la sanción fuese rebajada o retirada. El denunciante sostiene que un distribuidor de Vigo habría llegado a recibir una multa de 6.000 euros, y otra de 6.000 euros para Coca-Cola, que posteriormente, afirma, fueron reducidas.
Asimismo, este nuevo paso coincide con la investigación abierta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Coca-Cola Europacific Partners por presuntas prácticas restrictivas de la competencia que habrían afectado a Hijos de Rivera, fabricante de Estrella Galicia.
Según ya publicamos en este mismo medio el 8 de junio, el expediente incluye sospechas sobre acuerdos comerciales que podrían limitar la presencia de determinadas marcas en bares y establecimientos. Aunque no guarda relación directa con la materia de transporte, la apertura de este procedimiento sitúa a la embotelladora en un nuevo foco de escrutinio regulatorio.
LA ‘POBRE’ RESPUESTA DEL MINISTRO DE TRANSPORTES
En este contexto, el denunciante considera incomprensible la falta de actuación del Ministerio de Transportes ante lo que califica de «fraude continuado» y reclama que la administración autonómica y estatal asuman competencias y supervisen la actividad de la compañía de bebidas, Coca-Cola.
El escrito de Jose Luis, dirigido a Óscar Puente, finaliza insistiendo en que «no queda otra que pensar que alguien no está actuando correctamente» y preguntándose por qué «Coca-Cola, Hijos de Rivera y sus distribuidores no deben cumplir las leyes como los demás». El Ministerio de Transportes había defendido previamente que la competencia en materia de tarjetas de transporte recae en las comunidades autónomas, pero el autor de la carta considera que esa interpretación no exime al Gobierno central de actuar frente a lo que describe como un problema de alcance nacional.
No obstante, Óscar Puente respondió un mes más tarde a la recepción del escrito por parte de Jose Luis. El escrito del Ministro arrancaba con «contestamos a su escrito dirigido al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en el que traslada una serie de irregularidades en el transporte de mercancías, especialmente en relación con la empresa Coca-Cola y otras«.
Fuente: MERCA2
El caso es que el Ministro volvió hacer hincapié en qué, «como le comunicamos en septiembre de 2022, las instituciones responsables en esta materia son quienes deben hacerse cargo. En cualquier caso, reenviamos a la Dirección General de Transporte por Carretera su escrito para su conocimiento, y también lo haremos llegar a Ministerio de Interior«.
Sin embargo, el denunciante explica a MERCA2 que le consta que Óscar Puente no trasladó al resto de Comunidades lo que está pasando con Coca-Cola. Una situación que evidencia el abandono institucional y la dejación de funciones por parte de las autoridades competentes. Un denunciante que se siente ignorado por los órganos competentes, mientras Coca-Cola ‘se va de rositas’.
La situación plantea ahora nuevas preguntas tanto políticas como regulatorias. Es decir, las irregularidades descritas implican la existencia de un sistema de distribución encabezado por Coca-Cola que habría operado fuera del marco legal durante años. Un nuevo frente para el Ministerio de Transportes en un momento en el que Puente ha asumido un papel especialmente activo en el debate público.
Por la parte que le corresponde a Coca-Cola, la compañía mantiene silencio sobre esta denuncia y las acusaciones que implica, aunque la compañía sí ha defendido públicamente en numerosas ocasiones el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
