En los últimos meses, el debate sobre las nuevas balizas obligatorias volvió a ocupar el centro de la escena pública. La Dirección General de Tráfico (DGT) afronta críticas cada vez más firmes por permitir que sigan circulando en el mercado dispositivos que, en menos de un año, perderán toda validez. El problema no es menor: miles de conductores creen estar cumpliendo con la normativa cuando, en realidad, están adquiriendo un producto que no servirá en carretera.
Esta situación se volvió aún más llamativa porque la DGT continúa avalando la venta de modelos antiguos con su propio logotipo. Para Rubén Sánchez, portavoz de Facua, lo que ocurre es un ejemplo claro de falta de transparencia y de un riesgo innecesario para el bolsillo de los ciudadanos.
DGT: Una normativa clara, pero una comunicación que nunca llegó
A partir del 1 de enero de 2026, solo serán válidas las balizas V16 conectadas en tiempo real con la DGT. Estas nuevas unidades envían la ubicación del vehículo mediante una tarjeta SIM integrada, lo que permite a la DGT identificar de inmediato un coche detenido en carretera. El objetivo es mejorar la seguridad y evitar que los conductores se expongan al salir del vehículo para colocar los triángulos tradicionales.
Sin embargo, hoy siguen a la venta balizas que no cuentan con conectividad con la DGT y que ya tienen fecha de caducidad. Sánchez señala que la DGT cometió un error grave al no advertirlo con suficiente claridad y permitir que fabricantes y vendedores utilicen su logotipo como aval. Para el portavoz, “era tan simple como enviar una comunicación masiva a todos los conductores explicando qué ocurrirá en enero, cuáles son los modelos válidos y qué derechos tienen quienes compraron un producto inservible”.
Este vacío informativo abrió la puerta a lo que Facua define como un fraude. Las empresas buscan desprenderse del stock acumulado durante el periodo transitorio, y lo hacen aprovechando que la DGT no ha lanzado una campaña oficial que despeje dudas. El resultado es una oleada de consumidores engañados que, llegado el momento, descubrirán que su baliza tendrá la misma utilidad que un adorno.
Las leyes que se vulneran y el llamado a reclamar
La organización recuerda que se están infringiendo tres normas esenciales. La primera es la Ley de Competencia Desleal, que sanciona cualquier información que induzca a error sobre las características de un producto. La segunda es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que exige claridad y veracidad en la información comercial. Y la tercera es el propio** real decreto** que reguló la venta de las V16, donde se establece que, durante el periodo de transición, debía garantizarse la transparencia hacia el consumidor.
Sánchez insiste en que la DGT debe asumir responsabilidad y actuar con la misma eficacia con la que notifica multas. Reclama una campaña urgente que aclare el alcance de la normativa y proteja a quienes ya han sido afectados. Mientras tanto, invita a todos los conductores a reclamar, exigir el reembolso y denunciar ante Consumo cualquier venta engañosa. Porque, si algo deja en claro esta situación, es que la DGT aún está a tiempo de corregir una falla que nunca debió permitirse.
