Acciona se enfrenta a lo que ya puede considerarse un auténtico golpe reputacional. La empresa ha comunicado la suspensión cautelar en sus funciones de dos de sus trabajadores, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, tras ser citados como investigados por el juez instructor del caso Koldo. Se trata de la misma medida que la compañía adoptó en junio con Justo Vicente Pelegrini, hasta entonces director de Construcción para España. Olarte y Alconchel reportaban directamente a Pelegrini, y todos deberán comparecer ante la justicia el próximo 3 de diciembre.
Este nuevo episodio judicial se suma a un historial que ya pesaba sobre Acciona: según denuncias internas, hasta finales de 2021 existía un buzón de Gmail no corporativo donde los delegados de toda España habrían enviado pliegos de condiciones de concursos públicos antes de su publicación oficial, lo que les habría dado ventaja sobre otras compañías.
La denuncia, realizada a través del canal de Compliance, fue ignorada por el responsable de la misma, Joaquín Collado, exalto mando de la Guardia Civil, que identificó al trabajador denunciante, quien fue despedido aunque posteriormente readmitido por sentencia.
La empresa ha intentado defenderse públicamente. «Acciona Construcción manifiesta su confianza en el sistema público de contratación, su convicción sobre la legalidad de los procedimientos de adjudicación de las obras que son objeto de investigación y niega haber obtenido ninguna ventaja indebida», aseguran. Sin embargo, los antecedentes judiciales y la gravedad de las investigaciones dificultan que estas declaraciones logren calmar las sospechas.
La familia Entrecanales, propietaria del 55% de Acciona a través de dos ramas, Domecq y Franco, se ve directamente afectada. José Manuel Entrecanales Domecq, presidente ejecutivo de la compañía, comparte un patrimonio calculado en 480 millones de euros con sus hermanos, mientras que la rama Entrecanales Franco, con Javier y Mercedes a la cabeza, alcanza los 670 millones de euros.
El control sobre la empresa se mantiene a través de las sociedades Tussen de Grachten BV y Wit Europese Investering BV. El impacto judicial y reputacional se agrava por las conexiones políticas que aparecen en los casos recientes. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que Servinabar, empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, recibía el 2% neto de adjudicaciones obtenidas con Acciona Construcción.
La justicia española ya ordenó el registro de sedes en Madrid y Bilbao y la investigación de Pelegrini y sus subordinados.
ANTECEDENTES
No es la primera vez que la compañía se enfrenta a este tipo de crisis. El caso Plaza, relacionado con la Plataforma Logística de Zaragoza, provocó hace 12 años registros judiciales, imputaciones de responsables autonómicos y de mandos intermedios de Acciona, y una repercusión mediática notable.
Aunque solo dos personas fueron condenadas a penas de dos años y un día, la empresa tuvo que devolver 62 millones de euros a la Diputación General de Aragón por pagos no ejecutados. A ello se suman problemas judiciales en la desaladora de Torrevieja y en la estación de La Sagrera en Barcelona.
El caso Cerdán, actualmente en curso, investiga amaños en obra pública y comisiones del 2% en adjudicaciones por más de 500 millones de euros por parte del ADIF y la Dirección General de Carreteras. Este historial genera un incuestionable perjuicio reputacional, aunque sorprendentemente no se refleja en la Bolsa, donde los inversores sorprendentemente mantienen la confianza.
En 2024, la facturación de la compañía superó los 19.000 millones de euros, con un beneficio de 422 millones. Sin embargo, el daño no se limita al área judicial. Acciona Energía, otra de las apuestas estratégicas de la familia, ha sufrido una caída del 15% en su valor bursátil desde la publicación de sus últimos resultados y los registros policiales de la matriz.
Según un informe de Bankinter, persisten dudas sobre la capacidad de la filial para cumplir sus objetivos, monetizar activos y contener su endeudamiento, lo que podría erosionar la confianza del mercado.
Esta combinación de factores podría intensificar las tensiones internas en la familia Entrecanales. José Manuel Entrecanales Domecq y Juan Ignacio Entrecanales Franco, presidente y vicepresidente ejecutivo respectivamente, se enfrentan no solo a la presión judicial y mediática, sino también a desafíos estratégicos y financieros que ponen a prueba la cohesión del grupo familiar.
El golpe reputacional a Acciona no es solo un riesgo corporativo; es también un desafío para la reputación de una de las familias empresariales más influyentes de España desde el franquismo. Desde los antecedentes de corrupción, pasando por los problemas en la filial energética, hasta las fricciones internas, todo apunta a un annus horribilis para los Entrecanales.
