Mientras Renfe sigue buscando una fórmula legal que la libre de cumplir con la nueva exigencia de puntualidad que ha empujado el PP desde el Senado, se empieza a crear otra tendencia. Ya son varias las voces que exigen que si la empresa pública tiene que cumplir con una exigencia de puntualidad que los obliga a indemnizar a los usuarios por retrasos de 15 minutos, con un 50% del billete, y de 30 minutos, con el precio completo, ocurra lo mismo con los dos operadores privados dentro del mercado de la alta velocidad, Ouigo e Iryo.
Lo cierto es que dibuja dos situaciones muy diferentes para cada una de las empresas privadas de la alta velocidad. Mientras que la empresa de origen francés ya cumple con una garantía de puntualidad, en caso de que los viajeros sufran un retraso en la hora de llegada de 30 minutos, pueden solicitar una indemnización del 50% del precio del billete, del precio completo en caso de un retraso de 60 minutos y, finalmente, en caso de un retraso mayor de 90 minutos prometen enviar un vale de compra por el precio del billete que se podrá usar para pagar otro viaje o para solicitar el dinero de regreso.
Iryo, en cambio, cumple con el mismo compromiso que, actualmente, tiene Renfe: Cincuenta por ciento (50%) del importe del título de transporte afectado, en caso de retraso en la llegada a destino superior a sesenta (60) minutos; Cien por cien (100%) del importe del título de transporte afectado, en caso de retraso en la llegada a destino superior a noventa (90) minutos. Además, ambas operadoras privadas podrían asumir lidiar con realidades muy diferentes, pues sus informes más recientes de puntualidad muestran una situación que contrasta con la de la empresa pública.
Según el informe de calidad más reciente publicado por Ouigo, con los datos de 2024, el retraso promedio de la empresa de origen francés es de apenas 4 minutos, mientras que solo el 0,87% de sus retrasos superan los 60 minutos de retraso en la hora de llegada. En cambio, Iryo, que no ha publicado datos de puntualidad desde 2023, tiene un retraso medio de 24 minutos, el mayor de las tres operadoras públicas, aunque sus retrasos mayores a una hora se mantienen en un 0,84% este dato de media los pone en una posición compleja con una indemnización obligatoria por cualquier retraso mayor a 15 minutos.
Estos datos no incluyen los retrasos de un 2025 especialmente accidentado, tanto por los problemas de ADIF como de las propias operadoras. Al mismo tiempo, son una señal de que puede estar algo mejor preparadas que una Renfe que, según ha defendido la propia empresa, se vería entre la espada en la pared.
SOLO RENFE CALCULA EL DATO DE LOS RETRASOS DE 30 MINUTOS
La mala noticia para estas empresas es que la única que avisa que porcentaje de sus viajes sufriría por la nueva política de puntualidad que empuja el PP en el Senado es la propia Renfe. Es que la empresa pública no solo no depende solo de un informe de puntualidad anual, que en el caso de Iryo además se ha atrasado un año, sino que pública mensualmente los trenes que se han retrasado y las ventanas de tiempo de 15, 30, 60 y hasta los 90 minutos. Es un dato importante en caso de que a pesar de sus esfuerzos no puedan escapar de estos problemas legales.
Es cierto que no necesariamente tienen un dato demasiado positivo, con al menos un 8% de sus viajes en un retraso de entre 15 y 30 minutos, un dato que les obligaría a devolver la mitad del precio del billete de estos viajeros. Es un dato que Ouigo e Iryo, que empiezan a calcular el dato alrededor de la media hora, deben empezar a calcular, en caso de la medida termine por afectarlos.
LOS PRECIOS DE OUIGO E IRYO TAMBIÉN PODRÍAN AUMENTAR
En cualquier caso, el otro aviso clave de estos informes es que las dos competidoras de Renfe también podrían verse obligados a aumentar el precio de los billetes de la alta velocidad privada. Lo cierto es que es una posibilidad que ya la propia Renfe ha adelantado en caso de que se aplique la enmienda de ley que el Senado quiere aprobar.
De momento ninguna está en esta situación, pero con el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendiendo esta opción parece una posibilidad real.
