La subida salarial para los empleados públicos vuelve a colocarse en el centro del debate. El Gobierno ha elevado su propuesta hasta un incremento acumulado del 11% entre 2025 y 2028, tras el rechazo inicial de los sindicatos a un 10%. Esta oferta es parte de una nueva ronda de negociación con CCOO, UGT y CSIF para pactar un acuerdo plurianual de retribuciones y empleo público. Sin embargo, el malestar persiste: los sindicatos denuncian que, pese al aumento, no se recupera el poder adquisitivo perdido.
El aumento propuesto no es el único ajuste en las nóminas públicas: el Ejecutivo ya ha aprobado un 0,5% adicional para más de tres millones de empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Esta subida responde a lo pactado en el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI entre el Gobierno y los sindicatos en 2022, y está vinculada a parámetros macroeconómicos como el IPC armonizado. Aun así, los sindicatos critican la lentitud del proceso y consideran que las medidas siguen siendo insuficientes frente al alza real de precios.
Qué incluye exactamente la propuesta de subida salarial
El texto del acuerdo contempla que los funcionarios reciban aumentos progresivos durante los próximos años. El inicio se basa en una revisión del sueldo base ya pactada para 2024 con el 0,5% adicional, y a partir de 2025 se desplegaría el plan de subida salarial que alcanzaría el 11% hasta 2028. En el fondo, el mecanismo es dual: una parte fija y otra potencialmente variable, en función del cumplimiento de objetivos o condiciones específicas.
Los sindicatos critican varios aspectos estructurales: primero, que el techo del 4% en los primeros años reduce la inmediatez del efecto en la nómina. Segundo, que la parte variable del salario no está claramente definida y podría dejar de consolidarse. Y tercero, que no se ha abordado de forma suficiente la recuperación del poder adquisitivo perdido durante años anteriores. Muchos funcionarios han visto cómo sus salarios quedaron rezagados respecto al coste real de la vida, una herida que este nuevo convenio pretende cerrar, pero que, a juicio sindical, no lo está haciendo con suficiente contundencia.
Críticas y riesgos: ¿por qué la subida salarial no convence a los sindicatos?
La oferta gubernamental ha sido recibida con cautela y crítica. Los sindicatos la han calificado de promesa parcial y señalan que incluso el plazo del 11% es largo y diluye el impacto. Hay malestar por la falta de concreción en los incrementos anuales y por el hecho de que los años con inflación más alta coincidan con una subida limitada al 4%. Este desfase suscita recelo sobre la viabilidad de recuperar poder adquisitivo.
Además, la distribución de la subida es motivo de tensión. Existe la percepción de que los salarios más bajos y los cuerpos con menor poder adquisitivo serán los que más sufran el retraso del impacto, porque las mejoras iniciales les afectan de forma más lenta. El mecanismo variable también introduce incertidumbre: que una parte del salario dependa de objetivos o evaluación de desempeño genera dudas sobre su consistencia y estabilidad.
Si se ejecuta según lo anunciado, la subida salarial podría suponer una mejora real para los salarios públicos en el medio plazo y podría contribuir a frenar la fuga de talento de la Administración hacia el sector privado. Un incremento del 11% en cuatro años es relevante, pero su efecto dependerá de que los pagos se concreten anualmente, de cómo evolucione la inflación y de la capacidad del Estado para mantener los compromisos.
Sin embargo, existe el riesgo de que el acuerdo no prospere. Si los sindicatos no aceptan las condiciones, podrían emprender movilizaciones, negociaciones más duras o incluso huelgas. Esto generaría tensión en los servicios públicos y pondría en jaque el calendario presupuestario del Gobierno. La confianza entre las partes será clave para cerrar un pacto que funcione y se perciba como justo.
