Vox está tratando de reorientar parte de su discurso hacia un ámbito que hasta ahora no había ocupado con tanta intensidad: la vivienda. En un contexto de crisis habitacional y preocupación creciente por los precios del alquiler y compra, el partido que lidera Santiago Abascal busca ampliar su espacio electoral rebajando su neoliberalismo y presentándose como defensor de los españoles frente a inversores extranjeros, gobiernos autonómicos del Partido Popular y, de forma especialmente insistente, frente a la inmigración.
El primer movimiento significativo de la formación ultraderechista se ha dado en Madrid. Vox ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Comunidad para 2026 argumentando que «no responden a las necesidades reales de los madrileños ni garantizan la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas».
El grupo que lidera Isabel Pérez Moñino sostiene que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene un modelo equivocado. Y la diputada Ana Cuartero ha subrayado que el presupuesto en vivienda apenas pasa del 2,35 % al 2,36 % pese a la situación de encarecimiento del mercado y propone medidas como «la eliminación de impuestos en la construcción y la compra de vivienda, la liberalización de suelo no protegido y el endurecimiento de penas a okupas.
Ninguna de estas propuestas supone una corrección estructural del mercado, pero encajan con la orientación neoliberal y punitiva que Vox ha mantenido en otras áreas. La ofensiva se ha intensificado también en el Congreso.
CONTRA AYUSO POR SU FALTA DE AMBICIÓN CON LA VIVIENDA
El nuevo portavoz adjunto del partido, Carlos H. Quero, ha iniciado su etapa con un ataque directo a Isabel Díaz Ayuso, acusándola de favorecer a inversores extranjeros en detrimento de los ciudadanos españoles. «Ayuso niega la vivienda a los españoles», afirmó, elevando la pulseada con el liderazgo madrileño del PP.
Según Quero, la política del Ejecutivo autonómico encarna «una clase política que pone alfombra roja a los buitres y les dice que vengan», mientras los barrios de la capital se convierten en «un caramelo apetitoso para la inversión». Su mensaje apunta a un electorado de clase trabajadora y media, especialmente en los barrios del sur, donde la presión inmobiliaria y la gentrificación son más acusadas.
No es casual que reforzara la idea de propiedad nacional afirmando: «Queremos que los propietarios sean los de aquí, que haya más propietarios de Aluche, más propietarios de Villaverde, no más propietarios de fuera».
Este giro hacia los barrios obreros y el énfasis en el rechazo a la llegada de capital internacional, en este caso no solo de clases medias y bajas, reflejan una estrategia clara: ocupar un espacio que, hasta ahora, había sido terreno de la izquierda. Vox reformula esa preocupación desde su marco identitario, defendiendo una supuesta protección social limitada a quienes considera ‘de aquí’ y con recursos limitados.
A nivel estatal, Vox ha dado un paso más presentando en el Congreso una proposición no de ley «relativa a una bajada drástica de los impuestos relacionados con la vivienda». En ella, propone financiar ayudas en vivienda para ciudadanos españoles mediante subidas de impuestos a los compradores extranjeros. El documento sostiene que «asistimos en España a una emergencia habitacional sin precedentes» y que «la demanda española ha sido precarizada y forzada a sufrir competencia desleal».
Vox acompaña este diagnóstico con cifras: «desde 2020, la oferta de vivienda en alquiler permanente ha caído más de la mitad en España (56 %), mientras que los precios se han incrementado un 30 %». También lamenta la caída del acceso a la propiedad entre los jóvenes: «en el año 2011 el 70 % de los menores de 35 años eran dueños de sus casas, hoy este porcentaje se ha reducido hasta el 31 %».
A ello suma que en algunas ciudades «se necesiten diez años de un salario bruto anual para la compra de una vivienda» y que «más del 40 % de las familias destinan más del 40 % de sus ingresos a pagar alquiler».
Aunque muchos de estos datos muestran la gravedad del problema, Vox los inscribe en un relato coherente con su trayectoria: una explicación monocausal basada en la inmigración y la entrada de capital extranjero, una defensa selectiva de ayudas solo para españoles y la ausencia de propuestas que aumenten el parque público o regulen de forma sustancial el mercado.
La formación ha rechazado históricamente medidas redistributivas y políticas sociales amplias; su intento de apropiarse del discurso de la vivienda no modifica ese fundamento ideológico.
En ese sentido, la ofensiva actual de Vox no representa una transformación en su identidad política, sino una adaptación oportunista a un problema social de primera magnitud. Su discurso intenta conectar con el malestar real generado por años de políticas insuficientes.
La vivienda se convierte así en una nueva herramienta para reforzar sus planteamientos de ultraderecha y competir por un electorado al que busca captar mediante la promesa de protección para unos pocos frente a supuestos enemigos externos.
