El precio de la vivienda en España ha roto, por primera vez desde que existen registros, el techo histórico alcanzado en plena burbuja inmobiliaria de 2008. La estadística oficial que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicó ayer confirma que el metro cuadrado de vivienda libre se disparó en el tercer trimestre un 12,1% interanual. Lo hizo hasta situarse en 2.153,4 euros, con el que supera a los 2.101 euros que marcaron el máximo previo al estallido de la crisis financiera.
El dato, de por sí alarmante, llega en un momento en el que Euskadi debate una profunda renovación legislativa. De este tema se habló ayer en Donostia, que acogió ayer el congreso internacional House Action, en el que la Comisión Europea reiteró su apoyo expreso a las zonas tensionadas como herramienta para contener la especulación.
La subida trimestral del 2,9% refleja una dinámica que ha roto todas las previsiones. Los datos esconden una realidad que debería orientar el debate público: las comunidades que han declarado zonas tensionadas están logrando contener mejor la subida, incluso cuando esa regulación se dirija principalmente al mercado del alquiler.
Navarra es el ejemplo más claro. Con gran parte de su territorio bajo esta figura, sus precios crecieron solo un 1,2%, menos de la mitad de la media española. Galicia, con varios municipios recientemente declarados tensionados —incluida A Coruña—, se quedó en el 1,9%. Cataluña, pionera en el uso de esta herramienta y con casi el 90% de las zonas tensionadas del Estado, presenta una subida ligeramente por debajo de la media. No es un dato espectacular, pero sí relevante: Cataluña llevaba años liderando las escaladas de precios, y hoy crece por debajo del conjunto del país.
Esto demuestra que, aun con sus límites, la intervención pública puede moderar tendencias que en otras regiones siguen completamente desbocadas. El mensaje fue subrayado ayer mismo en Donostia por Matthew Baldwin, jefe del Grupo de Trabajo de Vivienda de la Comisión Europea. Con rotundidad poco habitual en un foro de este tipo, afirmó que «Europa dice sí a las zonas tensionadas» y adelantó que Bruselas trabaja en una plataforma paneuropea de inversión para vivienda asequible.
El respaldo europeo llega en un momento clave, especialmente para Euskadi, que debate en su Parlamento una Ley de Medidas Urgentes en Vivienda, Suelo y Urbanismo que, lejos de apostar por la intervención sobre los precios, opta por flexibilizar trámites y reducir exigencias urbanísticas con la esperanza de que el aumento de la oferta solucione la crisis.
El problema es que esta idea —presentada casi como un dogma por algunos gobiernos autonómicos, especialmente Madrid— no encuentra respaldo ni en la evidencia reciente ni en la historia económica española. En los años previos al estallido de 2008 se construyó más que nunca, y aun así el precio del metro cuadrado no dejó de subir. Confiar en que la mano invisible del mercado resolverá la emergencia habitacional del presente podría ignorar que la vivienda es un bien de primera necesidad, no un activo financiero más.
La propia UE subraya ya que, sin intervención pública, el acceso se seguirá deteriorando. A ello se suma que la ley vasca pretende reducir el porcentaje de vivienda protegida exigida a promotores y constructoras. Una decisión contraria al diagnóstico de formaciones como EH Bildu, que creen que si la población joven y trabajadora está siendo expulsada del mercado no es por falta de pisos —muchos siguen vacíos— sino por precios inasumibles y salarios estancados.
También en el País Vasco se va a poner en marcha el programa Aloka+, que será un seguro público gratuito de impago y desperfectos destinado a propietarios que alquilen viviendas a los precios marcados por el Gobierno Vasco. Y en Navarra, por ejemplo, se acaba de incorporar la figura del alquiler forzoso para viviendas deshabitadas.
Mientras tanto, los portales inmobiliarios continúan proyectando un espejismo que distorsiona, aún más, el mercado. Según Idealista y Fotocasa, el precio medio de oferta supera los 2.672 euros/m², pero las escrituras notariales confirman que las viviendas se están vendiendo realmente a 1.866 euros/m². La brecha del 43% induce a compradores a pensar que están encontrando ‘chollos’. La situación, por tanto, exige liderazgo político y valentía regulatoria.
Algunas voces señalan que limitar la compra de vivienda por parte de fondos, empresas y compradores extranjeros en zonas de alta presión podrían enfriar los precios. Del mismo modo, algunos de los grandes ayuntamientos podrían seguir la senda iniciada por Barcelona contra la fiebre de los pisos turísticos, que está devorando parte del parque residencial.
