La reciente aplicación de la tasa de basuras ha generado un profundo malestar en gran parte del país. Entre críticas y confusión, los vecinos descubren que el importe a pagar varía de forma desproporcionada según la ciudad. Mientras en Valencia el recibo puede alcanzar los 287 euros anuales, en Toledo apenas supera los 80. Una diferencia que, más allá de las cifras, refleja una realidad fiscal desigual.
En este escenario, la alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, alzó la voz con firmeza. Para ella, la decisión sobre la tasa de basuras impulsada por Pedro Sánchez no solo supone un nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos, sino también un gesto de desprecio hacia la autonomía de los ayuntamientos.
Una medida impuesta que divide a los municipios
Según la dirigente jerezana, el Gobierno central justificó la creación de esta tasa argumentando que respondía a una directiva europea basada en el principio de que “quien contamina, paga”. Sin embargo, García-Pelayo sostiene que la Unión Europea nunca impuso el formato de “tasa” como obligación, sino que instó a los Estados a financiar los servicios de reciclaje y gestión de residuos de forma eficiente. “Decir que Europa obliga a crear una tasa es una gran mentira. Es la inocentada del año”, afirmó con contundencia.
La alcaldesa considera que Pedro Sánchez ha transformado una recomendación europea en una imposición política. Además, asegura que esta decisión afecta de manera desigual a los municipios, ya que cada uno ha debido establecer sus propios criterios para calcular los importes de la tasa de basuras. Algunos se basan en el valor catastral, otros en la superficie de la vivienda o el número de habitantes, lo que ha generado enormes diferencias entre ciudades.
Para García-Pelayo, esta situación se traduce en “una discriminación fiscal sin precedentes” que vulnera la autonomía local. “Los ayuntamientos somos adultos, tenemos capacidad para decidir cómo cobramos los servicios o incluso si los cobramos”, expresó, dirigiendo nuevamente su crítica hacia Pedro Sánchez, a quien responsabiliza de un “modelo caótico y centralista” que, en su opinión, ignora las realidades particulares de cada territorio.
Consecuencias directas de la tasa de basuras para los ciudadanos
El impacto de esta tasa de basuras ya comienza a sentirse. Propietarios e inquilinos se enfrentan a subidas que, en muchos casos, resultan difíciles de justificar. Según la alcaldesa, este incremento repercutirá también en el mercado de la vivienda: “Cuando llegue el recibo al propietario, se lo imputará al inquilino. Y eso encarecerá los alquileres”, señaló.
En su crítica, García-Pelayo también advierte que los municipios intervenidos por el Ministerio de Hacienda son los más perjudicados, al no poder compensar el aumento de la tasa de basuras mediante reducciones en otros impuestos. “Mientras Pedro Sánchez dice defender a los más vulnerables, impone normas que los castigan. Esta tasa no entiende de justicia ni de equidad”, aseguró.
El caso de instituciones religiosas o entidades sociales, que pagan la tasa de basuras en función de la superficie de sus edificios y no de la cantidad de residuos que generan, es otro ejemplo del desajuste que denuncia la presidenta de la FEMP. Conventos de miles de metros cuadrados donde viven pocas personas deberán afrontar tarifas desproporcionadas, mientras que locales comerciales con alta producción de basura pagan menos.
