La crisis de vivienda en España está lejos de resolverse y, lejos de dar señales de mejora, la situación empeora cada día. Los precios de las viviendas siguen disparándose, tanto en compra como en alquiler, mientras que la oferta de vivienda pública y asequible sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de la población.
A pesar de las promesas, el Gobierno central liderado por el PSOE no ha implementado medidas suficientes para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar un acceso digno a la vivienda. Grandes empresas y fondos de inversión continúan comprando propiedades, lo que eleva los precios y reduce la oferta de viviendas accesibles.
La falta de regulación de este fenómeno permite que la especulación favorezca a unos pocos y perjudique a la mayoría. Una de las principales causas de la crisis de vivienda es la compra masiva de propiedades por parte de grandes empresas y millonarios extranjeros.
A pesar de que en otros países europeos como Francia o Suiza ya se han tomado medidas para limitar este fenómeno, en España aún no se han implementado restricciones significativas en este sentido. Limitar la compra de viviendas por parte de estos actores económicos podría ayudar a frenar la inflación de los precios y garantizar que la vivienda sea accesible para la población.
VPO
Otro factor clave en la crisis de vivienda es la desclasificación de las viviendas de protección oficial (VPO), que ha reducido drásticamente el número de inmuebles destinados a personas con ingresos bajos o medios. Esta política ha permitido que las VPO sean vendidas como viviendas de mercado libre, lo que ha encarecido el precio de la vivienda pública y ha dejado sin acceso a miles de familias que dependen de esta oferta.
Los gobiernos regionales, la mayoría en manos del PP, tienen la posibilidad de revisar y modificar esta práctica para asegurar que las viviendas protegidas no sean desclasificadas ni vendidas al mercado libre, con el fin de mantener su objetivo de proporcionar acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan.
LEY NO APLICADA
La Ley de Vivienda aprobada por el gobierno socialista incluye medidas para regular los precios de alquiler y proteger a los inquilinos, pero no está siendo aplicada de manera efectiva en todo el territorio.
El principal problema radica en que las autonomías gobernadas por el PP, como Madrid y otras comunidades, no implementan las medidas clave de la ley para contener las subidas desmedidas de los alquileres.
Esta falta de aplicación impide que los precios de alquiler se estabilicen y deja a millones de familias expuestas a aumentos desproporcionados. La aplicación efectiva de la ley es necesaria para garantizar que los precios se ajusten y se proteja a los arrendatarios.
DESCONTROL
En ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, el crecimiento desmedido de los pisos turísticos ha desplazado a muchas personas de sus barrios, reduciendo drásticamente la oferta de viviendas para residentes permanentes.
Los pisos turísticos gestionados por grandes plataformas como Airbnb no solo elevan los precios de la vivienda, sino que también contribuyen a la gentrificación, un proceso que expulsa a las clases populares y cambia la identidad de los barrios tradicionales. El auge del alquiler vacacional ha convertido muchos edificios residenciales en establecimientos turísticos, lo que genera una presión adicional sobre el mercado de alquiler.
Aunque algunos gobiernos locales han intentado implementar regulaciones para controlar la proliferación de estos pisos turísticos, ni el PP ni el PSOE parecen haberse tomado en serio este problema, que agrava una crisis habitacional ya de por sí crítica. El descontrol de este fenómeno está empeorando las condiciones de vida en áreas con alta demanda de vivienda, dificultando el acceso a un hogar para muchas familias y empujando a la clase trabajadora a la periferia de las grandes ciudades.
