El Juzgado de Instrucción de Madrid ha admitido a trámite una querella penal contra Cruz Roja Española por los presuntos delitos de lesiones y omisión del deber de socorro, a raíz del accidente sufrido por una voluntaria durante un evento organizado por la propia entidad en enero de 2023.
La querella, presentada por la representación legal de la víctima —a cargo del Departamento Penal de Durán & Durán Abogados, bajo la dirección de la letrada Eva Cañadas—, sostiene que la organización habría actuado con negligencia grave al no activar los protocolos de emergencia ni ofrecer asistencia médica adecuada tras el siniestro.
Un accidente con graves secuelas
Los hechos se remontan al 28 de enero de 2023, durante una actividad de tirolina organizada por Cruz Roja Juventud en una casa rural de Miraflores de la Sierra (Madrid). La víctima, voluntaria procedente de Castilla y León, sufrió un impacto craneal severo al descender por la instalación, lo que le provocó pérdida de conocimiento, fractura maxilar, lesiones neurológicas y secuelas permanentes que, según su informe médico, la mantienen hoy en situación de incapacidad absoluta.
Pese a la gravedad del accidente, la acusación sostiene que no se activó ningún protocolo de emergencia a pesar de que había ambulancias de Cruz Roja presentes en el recinto. En lugar de recibir atención médica inmediata, la joven fue trasladada en vehículo particular a un centro sanitario sin medios adecuados y, posteriormente, instada a regresar sola en tren a Valladolid, pese a su evidente estado de debilidad.
Investigación judicial en marcha
El auto de admisión a trámite, fechado el 29 de octubre de 2025, no solo acepta la querella sino que ordena la práctica de diligencias penales. Entre ellas, la toma de declaración a responsables de la actividad y de la organización, el requerimiento de documentación interna sobre los protocolos de seguridad y el reconocimiento forense de la víctima para evaluar la relación causal entre la falta de auxilio y el agravamiento de sus secuelas.
El juzgado considera a Cruz Roja Española como parte investigada o responsable de los hechos, abriendo así un proceso que podría derivar en responsabilidades penales o civiles por parte de los organizadores y responsables operativos del evento.
Cuestionamiento institucional
Para la abogada Eva Cañadas, este caso “obliga a reflexionar sobre la responsabilidad institucional en la gestión de eventos y sobre la obligación inexcusable de socorrer a toda persona lesionada, especialmente cuando se trata de voluntarios que actúan bajo el amparo de una organización humanitaria”.
La querella subraya la contradicción entre la misión fundacional de Cruz Roja —centrada en la asistencia a los más vulnerables— y la presunta falta de auxilio mostrada hacia una integrante de su propio cuerpo de voluntariado.
Debate sobre los protocolos de seguridad
El procedimiento judicial abre un debate más amplio sobre los protocolos de seguridad y prevención en actividades promovidas por entidades del tercer sector, así como sobre su obligación legal de garantizar atención inmediata a sus colaboradores y voluntarios.
Desde Durán & Durán Abogados se destaca que el caso constituye “un grave incumplimiento de los deberes de auxilio y protección”, y advierten de que la investigación podría sentar precedente en materia de responsabilidad penal de entidades humanitarias por omisiones en la atención a sus propios voluntarios.
