A sus 30 años, Marc Urgell Díaz combina los títulos de abogado, economista y empresario con una convicción firme: el sistema fiscal español ha dejado de ser un mecanismo de justicia redistributiva para convertirse en una maquinaria de persecución. En sus palabras, “muchos contribuyentes se van de España no por la presión fiscal, sino por la sensación de persecución que sufren con la Hacienda pública”.
Desde su experiencia en el ámbito de la fiscalidad internacional, Urgell denuncia una cultura administrativa que considera excesivamente coercitiva y poco empática. “El problema no son los impuestos recaudados por la Hacienda, sino el gasto público desorbitado. Si un Estado gasta más de lo que ingresa, solo tiene dos caminos: endeudarse o exprimir al contribuyente. España, lamentablemente, ha elegido ambas”, resume.
Hacienda: Un sistema al límite
Urge recordar que el tipo impositivo en España puede superar el 50% entre IRPF e IVA, y a ello se suma la imposición sobre el patrimonio, las ganancias empresariales y los beneficios patrimoniales. “En países como España o Francia, prácticamente la mitad de lo que uno gana se va en impuestos directos”, explica. A esta carga se añade la complejidad autonómica, que genera desigualdades según el territorio: “Cataluña o la Comunidad Valenciana son líderes absolutos en tributación”.
El empresario sostiene que el modelo está diseñado para recaudar, no para incentivar. “El Estado se ha convertido en una empresa cuya única métrica es la facturación. Cuanto más recauda, más satisface sus objetivos, aunque eso signifique asfixiar a quien produce riqueza”. Su diagnóstico es tajante: España combina una presión fiscal altísima con una deuda pública insostenible. El resultado, advierte, es un escenario de mayor agresividad inspectora y menor margen para el crecimiento económico.
La alternativa: libertad y planificación
Frente a este panorama, Urgell observa un fenómeno creciente: el éxodo de empresarios y emprendedores hacia países con marcos fiscales más razonables. Andorra, Portugal, República Dominicana o Emiratos Árabes figuran entre los destinos más atractivos. “El lugar donde resides define tus reglas del juego. Si tu actividad lo permite, establecer tu residencia fiscal en otra jurisdicción puede ser una estrategia legítima para proteger tu patrimonio”, comenta.
Sin embargo, el abogado subraya que no se trata solo de números: “Más allá de pagar menos, hay que pensar en dónde uno puede ser feliz. Prefiero pagar un 10% y vivir bien que pagar cero en un país donde no quiero estar”. La decisión, dice, es tanto personal como fiscal.
Una parte especialmente crítica del discurso de Urgell apunta a las formas de actuación de la Hacienda. Describe un sistema que “presiona hasta el extremo” y que, según él, a menudo utiliza la vía penal como método de intimidación. “Cuando Hacienda te abre una inspección, primero te obliga a pagar y luego, si quieres, vas a juicio. Pero ese proceso puede durar ocho o diez años, sin tu dinero o con tus bienes embargados”.
Además, califica de “comunicación mafiosa” la práctica de derivar casos a la justicia penal para forzar acuerdos con la Hacienda. “A un empresario le dicen: ‘O pagas o te sentamos en el banquillo’. Y muchos, por miedo a la exposición pública o a perderlo todo, prefieren pactar”. Para Urgell, ese tipo de presión mina la confianza y disuade la inversión. “No se persigue solo al defraudador, sino también al que se equivoca o interpreta la ley de manera distinta. En España, el contribuyente parte siempre de la desconfianza”.
