Durante décadas, se nos ha repetido un mantra hasta convertirlo en un dogma que todos hemos interiorizado: España tiene uno de los parques públicos de vivienda más pequeños de Europa, con apenas un 2,5% del total frente al 30% de Países Bajos, el 24% de Austria, el 23% de Noruega o incluso el 9,3% de la media de la UE, porque, desde la muerte de Franco y la llegada de la democracia, «no se volvió a construir vivienda pública».
Esta especie de nostalgia edulcorada del franquismo a veces roza la caricatura: el dictador no solo habría «levantado pantanos» o «inventado el menú del día», sino que también habría sido el último dirigente en garantizar un techo digno al pueblo.
Pero los datos derriban este mito que se une a otras leyendas desmontadas con humor por el nuevo libro ‘Francofacts: desmontando bulos sobre el franquismo’ (Editorial Pasado y Presente), del historiador Fernando Hernández Sánchez y el dibujante Pedro Vera.
LOS DATOS
Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el déficit actual de vivienda pública no se debe a la falta de construcción tras la dictadura, sino a la descalificación masiva y sistemática de las viviendas protegidas levantadas en las últimas décadas.
Si esas viviendas no hubieran perdido su carácter público, España contaría hoy con un parque equivalente al 38% del total, una cifra comparable a la de los Países Bajos o Austria. En lugar de eso, el país a lomos de las políticas del PSOE y PP se ha dejado devorar por un marco ideológico, y legal, que ha tratado la vivienda no como un derecho, sino como un activo financiero.
Durante los años noventa y dos mil, España llegó a construir entre 40.000 y 85.000 viviendas protegidas al año. No fue falta de ‘ladrillos públicos’, sino de voluntad política para protegerlos. La fiebre descalificadora, impulsada por gobiernos autonómicos de todos los colores pero bendecida especialmente por la ortodoxia neoliberal, convirtió la vivienda pública en privada con el paso de los años, permitiendo su venta a precio de mercado y dejando al Estado sin la herramienta esencial para contener los precios del alquiler y la compraventa.
La lógica era tan simple como perversa: lo que era de todos pasó a ser de unos pocos. Muchos propietarios solicitaron la descalificación para especular; los promotores la aprovecharon para mejorar su rentabilidad; y las administraciones, fueron cómplices por acción u omisión. Así, miles de viviendas públicas pasaron al circuito de la especulación inmobiliaria bajo el argumento de que ya habían ‘cumplido su función social’, según la doctrina de los hijos de Margaret Thatcher.
El resultado está a la vista. Mientras en los Países Bajos o Austria el parque público supera el 20%, en España apenas llega al 2,5%, y los precios del alquiler y la compra se han disparado por encima del 30% en la última década.
El CSCAE denuncia la ‘despriorización política’ de la vivienda pública y la falta de gestión de las ya existentes, lo que ha reducido drásticamente la capacidad del Estado para ofrecer alternativas asequibles.
El caso de Navarra es un retrato a escala de la catástrofe nacional. De las 58.656 viviendas protegidas construidas allí en los últimos 35 años, más de 32.000 han sido descalificadas. Y en los próximos años, el 95% lo estarán.
La vicepresidenta navarra y consejera de Vivienda Begoña Alfaro lo resume con contundencia: «En los últimos 35 años sí se ha hecho vivienda protegida, pero no para siempre». Solo desde 2022, con la calificación indefinida, en la Comunidad Foral se garantiza que las nuevas viviendas públicas no caerán en manos de la especulación.
El propio Ministerio de Vivienda reconoce que en 2024 se construyeron 14.371 viviendas protegidas, el mejor dato en más de una década, aunque aún lejísimos de los niveles de los noventa. El nuevo plan prevé triplicar la financiación pública hasta los 7.000 millones de euros. Si esta vez se cumple, y se blinda jurídicamente la calificación pública de por vida, podría ser el principio de un giro histórico.
ALTERNATIVA
El CSCAE propone eliminar de una vez la posibilidad de descalificar viviendas protegidas, fijar cuotas obligatorias de VPO en cada nuevo barrio y establecer precios de alquiler vinculados a los ingresos reales. En definitiva: reconstruir un parque público que fue destruido a conciencia.
Porque el problema no es que tras la muerte de Franco se dejara de construir vivienda pública. Es que, bajo el dogma neoliberal, se desmontó ladrillo a ladrillo todo lo construido con dinero de todos. España no tiene hoy solo una crisis de vivienda: tiene una crisis de propiedad común, fruto de medio siglo de políticas que confundieron libertad con desregulación y bienestar con hipoteca.
Y si algo demuestra la historia reciente es que el mito de Franco constructor y el neoliberalismo desregulador son, en el fondo, hijos de la misma madre: una ideología asumida incluso por buena parte de la izquierda desprecia lo público y sacraliza el negocio, aunque por necesidad electoral digan lo contrario.
