En España, hablar de hogares es tocar una de las fibras más sensibles del presente. La dificultad de acceso, el aumento de los precios y la escasez de oferta social componen un escenario que atraviesa generaciones. El especialista Luis Falcón lo resume sin rodeos: “la mejor política social que puede tener el país ahora mismo es construir vivienda, sea pública o privada, pero construir sí o sí”.
Su diagnóstico va más allá de la coyuntura y pone sobre la mesa una cuestión que, según él, ya no es ideológica: la necesidad de garantizar un hogar asequible y duradero para las familias. Desde su mirada, el Estado debería recuperar una planificación estructural, capaz de crear un parque estable de vivienda protegida que no se pierda con el tiempo.
Una política de vivienda que mire al futuro
Falcón sostiene que el problema principal no es solo la falta de vivienda, sino la escasa proporción de viviendas de protección oficial (VPO) que permanecen dentro del sistema. “Si hoy tuviésemos los seis millones de hogares de protección oficial sin desclasificar, España contaría con un 23% protegida. Ahora apenas llegamos al 2,5%”, advierte.
El especialista considera que no puede depender de los vaivenes del mercado. Por eso, plantea una idea clara: las viviendas de protección oficial deben seguir siéndolo toda la vida. De lo contrario, sostiene, se rompe el equilibrio social y se encarece todo el sistema. “No se puede desclasificar algo que fue financiado con dinero público”, agrega con firmeza.
Falcón recuerda que los países del norte de Europa superan el 30% de vivienda de protección oficial, lo que les permite ofrecer estabilidad y previsibilidad a sus ciudadanos. “Aquí, en cambio, construimos vivienda social, la vendimos barata y después la desclasificamos. Ahora, quienes recibieron aquella ayuda marcan el precio del mercado. Y los jóvenes, que no acceden a una vivienda, son los que más sufren”, explica.
Rehabilitar, invertir y pactar
Más allá de construir nueva casa, Falcón apunta a una solución complementaria: rehabilitar las que están vacías o infrautilizadas. En su visión, el Gobierno debería incentivar a los propietarios que mantengan pisos cerrados o heredados para que ingresen al circuito de vivienda de protección oficial. “Si usted la pone como vivienda protegida, el Estado podría pagarle el 30% de su valor. Así gana el propietario y gana la sociedad”, propone.
También ve una oportunidad en la venta de grandes fondos inmobiliarios que están comenzando a desinvertir en España. “Si Blackstone u otros venden miles de casas, es una oportunidad fantástica para que el Estado las adquiera y las transforme en vivienda pública. En lugar de esperar años para construir, se puede actuar ya”, subraya.
Pero su reflexión va más allá de la estrategia económica. Para Falcón, los hogares son un tema de cohesión social. “Los que no pueden acceder a una casa son carne para el populismo, tanto de izquierda como de derecha. Están cabreados porque no pueden vivir dignamente. Resolver este problema es garantizar estabilidad para todos”, afirma.
