Doce meses después de la dana que el 29 de octubre de 2024 devastó decenas de municipios valencianos, las infraestructuras públicas de la provincia siguen en proceso de reconstrucción.
LA SITUACIÓN, EN QUINCE CIFRAS
Las lluvias torrenciales dejaron 229 víctimas mortales, más de 1.450 kilómetros de carreteras dañadas y 566 kilómetros de vías ferroviarias inutilizadas. A lo largo del último año, la administración central ha destinado 2.183,7 millones de euros a obras de reparación, aunque los planes pendientes de ejecución ascienden a 12.500 millones, según estimaciones de la Confederación Empresarial Valenciana.
El Gobierno central ha invertido 1.745 millones a través del Ministerio de Política Territorial en infraestructuras municipales y 352 millones del Ministerio de Transportes en carreteras, ferrocarril y puentes. En total, la inversión estatal alcanza los 2.183,7 millones, equivalentes al 17% de las necesidades detectadas.
Los proyectos en marcha o concluidos abarcan 160 kilómetros de la red estatal, con tramos críticos en la A-7, la A-3, la V-30 y la V-31, así como en carreteras nacionales como la N-322 y la N-330. En la red ferroviaria, las lluvias afectaron a 270 kilómetros de Cercanías y a 150 kilómetros de alta velocidad.
El coste de reparación ha superado los 192 millones de euros, de los cuales 80 kilómetros corresponden a la línea C3 (Valencia-Utiel), aún en obras. La reapertura completa del trazado se espera durante 2026, tras la reconstrucción de tres puentes y dos tramos de vía de 200 metros cada uno.
Mientras tanto, el transporte se mantiene con autobuses lanzadera y un refuerzo de Metrobús entre Xirivella y Valencia, con una demanda estimada de 8 millones de viajeros anuales. El Ministerio para la Transición Ecológica ha dedicado 533,3 millones a la restauración del alcantarillado, redes hidráulicas y depuradoras dañadas.
En este ámbito, la Generalitat ha sumado 100 millones adicionales para reparar 123 estaciones de depuración, así como 12 millones para actuaciones en el entorno de l’Albufera y el barranco del Poyo. Los daños en cauces, estaciones eléctricas y redes de telecomunicaciones se valoraron en 1.817 millones, con más de 1 millón de toneladas de escombros retirados en los primeros meses de emergencia.
La Generalitat Valenciana que lidera el carbonizado Carlos Mazón ha movilizado 700 millones de euros propios en la reconstrucción, de los cuales 225 millones se destinaron a la gestión de residuos y 140 millones a la restauración de 50 kilómetros de Metrovalencia.
Para recuperar 47 kilómetros de carreteras y puentes autonómicos, la inversión ha alcanzado 77 millones, y otros 52 millones se han dirigido a la rehabilitación de infraestructuras locales, tras la cesión de competencias por parte de los ayuntamientos.
Las actuaciones incluyen la reparación de 2.755 kilómetros de pistas forestales y el dragado del puerto de Cullera. El contrato más costoso de la Generalitat ha sido el de gestión de residuos, por 204 millones, con un refuerzo extra de 20 millones para la planta metropolitana de València.
Este dispositivo permitió evacuar una media diaria de 15.000 toneladas durante las primeras semanas. Además, se han invertido 93 millones en infraestructuras forestales y 6 millones en portuarias, con una reconstrucción prioritaria en el litoral de Gandía y Sueca. Pese al esfuerzo económico, los expertos del sector coinciden en que la reconstrucción no resuelve los déficits estructurales.
El Plan de Gestión de Riesgos de Inundación ya identificaba al Bajo Túria y al Bajo Júcar como áreas de peligrosidad ‘extrema’, con riesgo para 160.000 personas y daños potenciales valorados en 4.500 millones.
En el barranco del Poyo, donde se concentraron los mayores estragos, el plan contemplaba 23 obras de encauzamiento y 4 presas, pero hasta la fecha no se ha ejecutado ninguna de las medidas estructurales previstas.
La Confederación Empresarial Valenciana calcula que las actuaciones necesarias para blindar la Comunitat ante fenómenos similares requieren 12.500 millones de euros adicionales. De esa cifra, 1.700 millones corresponderían a ingeniería hidráulica, 2.000 millones a obras viarias, 7.300 millones a proyectos ferroviarios, 185 millones a movilidad urbana y 432 millones a actuaciones medioambientales. Otras partidas incluyen 400 millones para mejoras aeroportuarias y 380 millones en redes eléctricas y de telecomunicaciones.
Las obras de emergencia, centradas en recuperar la movilidad y restablecer servicios básicos, permitieron reabrir la red de carreteras nacionales el 23 de noviembre de 2024, apenas tres semanas después del desastre. En el ámbito ferroviario, la alta velocidad se restableció el 14 de noviembre, aunque la línea C3 continúa parcialmente interrumpida.
Según los datos oficiales, se ha ejecutado el 97% del presupuesto inicial en la red viaria estatal y el 85% en la ferroviaria. Un año después, la provincia de Valencia aún no ha recuperado plenamente la normalidad. Muchos municipios mantienen zonas en obras y parte de las viviendas afectadas siguen en reparación.
Los planes para reforzar la protección frente a futuras riadas, incluidos los sistemas de alerta temprana y la modernización del Sistema Automático de Información Hidrológica, permanecen en fase de contratación. Mientras tanto, la lenta reconstrucción ha pasado de la urgencia a la planificación, con el reto de transformar la tragedia en una oportunidad para rediseñar un territorio más seguro y resiliente.
