La historia de Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio del Retiro en Madrid cuya historia puede recordar a la película ‘La Deuda’ de Daniel Guzmán, vuelve a poner sobre la mesa la problemática de los desahucios y la presión especulativa sobre la vivienda en España. Su caso, programado para mañana miércoles, ha movilizado a colectivos de inquilinas y servicios sociales, al mismo tiempo que evidencia la creciente dificultad de las personas mayores y vulnerables para mantener su hogar frente a fondos de inversión que buscan maximizar beneficios.
Desde 1956, Maricarmen ha vivido en su piso de la calle Sainz de Baranda junto a sus padres y su hermano. Tras la muerte de su padre y su madre, heredó el contrato de arrendamiento familiar, con una renta que se actualizaba según el IPC y gastos como el IBI.
Sin embargo, en 2018, la adquisición de la finca por un fondo de inversión dio inicio a un proceso que hoy amenaza con dejarla en la calle. La última oferta del fondo, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L, consistía en un alquiler de 2.650 euros mensuales, lo cual supone un aumento del 275% sobre lo que pagaba, o abandonar la vivienda.
Tras varios recursos judiciales, la Audiencia Provincial falló a favor del fondo en marzo de este año. La situación de Maricarmen refleja un fenómeno más amplio: los desahucios por contratos de alquiler se están disparando en Madrid, afectando a personas de clase media y vulnerables, incluidas mujeres embarazadas o víctimas de violencia de género.
Estos desahucios no siempre se deben a impago, sino a estrategias de los propietarios para incrementar el precio de los alquileres. En paralelo, otros conflictos de vivienda se desarrollan en barrios como Vallecas, donde InmoCaixa, propiedad de la Fundación La Caixa, ha intentado desahuciar a unas cuarenta familias que viven en pisos protegidos construidos en 2006 como parte de programas sociales.
CONTRASTE
En este contexto, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, ha anunciado la compra de 57 pisos protegidos en Banyoles que iban a ser privatizados por Inmocriteria. La adquisición, realizada por el Instituto Catalán de Vivienda (Incasòl), permitirá mantener a los inquilinos que se habían declarado en huelga de alquileres para defender sus derechos frente a cláusulas abusivas y subidas de precios.
Illa informó que próximamente se firmará la compra de unas 170 viviendas más en Mollet del Vallès y Lleida, con un importe de 150 millones de euros, buscando proteger el carácter social de estos bloques y garantizar la vivienda de los vecinos.
Harina de otro costal es lo que ha hecho el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, que preguntado por el caso de Maricarmen le ha recomendado que acuda a los servicios sociales… que es algo que ella ya hizo sin encontrar ningún tipo de ayuda.
LA MAYORÍA DE HIPOTÉCAS TIENE ÁNIMO ESPECULADOR
Estos casos evidencian un fenómeno común en España y Europa: la especulación inmobiliaria está desplazando a personas que no buscan rentabilidad, sino un hogar. Un estudio de la asociación de consumidores Asufin de marzo de 2025 detectó que el 56% de las hipotecas en España se realizaban con fines de inversión, mientras que solo el 14% correspondían a la adquisición de la primera vivienda.
La lucha de los vecinos y colectivos sociales ha generado movilizaciones significativas. En Madrid, el Sindicato de Inquilinas convoca este miércoles a una concentración para frenar el desahucio de Maricarmen. En Vallecas, los vecinos afectados por InmoCaixa han organizado concentraciones frente a la Fundación La Caixa y denuncian que el banco utiliza sus filiales para desentenderse de la negociación, mientras que el Estado sanciona las protestas.
Mientras tanto, personas como Maricarmen continúan enfrentándose a la amenaza de perder su hogar. Con 70 años viviendo en la misma casa y sin alternativas económicas, su caso refleja la vulnerabilidad de los mayores ante la especulación y la falta de políticas efectivas que protejan la vivienda como derecho fundamental.
La presión social y la intervención de las administraciones, como el rescate de pisos por parte de la Generalitat, son algunas de las pocas herramientas disponibles para garantizar que la vivienda protegida cumpla su función social.
