La Confederación Española de Policía (CEP), asistida por el despacho Durán & Durán Abogados, ha presentado alegaciones formales ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática respecto al procedimiento iniciado para declarar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, ubicada en Vía Laietana 43, como Lugar de Memoria Democrática.
En su escrito, la CEP argumenta que el expediente carece de garantías mínimas, omite informes esenciales y vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales aplicable a los funcionarios que desempeñan sus funciones en el edificio. La organización sindical reclama la nulidad del procedimiento y la retroacción de actuaciones hasta que se subsanen las carencias detectadas.
Deficiencias en la tramitación y falta de informes clave
El sindicato subraya que no se han incorporado al expediente documentos esenciales, como el informe urbanístico del Ayuntamiento de Barcelona y la evaluación de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía. La ausencia de estos informes impide valorar la compatibilidad del uso policial actual con la declaración como Lugar de Memoria y compromete la seguridad, salud y bienestar de los funcionarios.
Asimismo, se señala la inexistencia de inventario detallado de vestigios, memoria económica, plan de ejecución, medidas cautelares y régimen sancionador, elementos previstos en los artículos 52 y 53 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática (LMD), lo que, según la CEP, hace que el expediente adolezca de motivación técnica y jurídica suficiente.
Riesgos psicosociales y estigmatización
El procedimiento, que centra la atención en el uso franquista del edificio, ha generado un impacto psicosocial en los agentes que allí trabajan. La CEP alerta de que esta percepción de estigmatización podría derivar en responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños morales y profesionales sufridos, incluyendo estrés y deterioro del clima laboral.
Cuestionamiento de la imparcialidad del informe principal
Otro punto crítico señalado por la CEP es la dependencia del expediente del informe del historiador y exdiputado Xavier Domènech Sampere. La organización sostiene que sus manifestaciones públicas, con valoraciones ideológicas previas sobre la actuación de la Policía Nacional durante la dictadura, comprometen la objetividad y generan apariencia de parcialidad, en contradicción con el principio de objetividad administrativa recogido en el artículo 103 de la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Se solicita una revisión externa e independiente de este informe y la incorporación de dictámenes alternativos de expertos sin vinculación política manifiesta, garantizando así la neutralidad requerida en procedimientos de memoria democrática.
Solicitud de medidas cautelares y participación sindical
La CEP ha reclamado la suspensión cautelar del procedimiento hasta la subsanación de los defectos detectados y la garantía del derecho de participación sindical. También se solicita la realización de una evaluación psicosocial que contemple riesgos de estigmatización y señalamiento de los funcionarios, con adopción de medidas preventivas para proteger su dignidad y salud.
La Confederación Española de Policía reitera su compromiso con la legalidad, la protección de la salud laboral y la integridad profesional de los agentes, defendiendo que cualquier actuación administrativa en materia de memoria democrática cumpla estrictamente con los principios de objetividad, proporcionalidad y pluralidad. El sindicato advierte que, de mantenerse el procedimiento sin subsanar estas deficiencias, podría derivar en nulidad de pleno derecho y posibles reclamaciones económicas en defensa de los funcionarios afectados.
