Aquí hay tomate revolucionó las tardes de Telecinco desde marzo de 2003, convirtiéndose en un fenómeno que atrapó a millones de españoles tras la comida. Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde lideraron un espacio de crónica social que alcanzó cifras récord, con una media de 2,7 millones de espectadores y un 23,2% de share durante sus casi cinco años en antena. La fórmula del programa combinaba reportajes grabados, entrevistas explosivas y un enfoque irónico que rozaba constantemente la sátira más ácida. El formato producido por La Fábrica de la Tele se emitía de lunes a viernes en horario de sobremesa.
La época dorada del programa coincidió con una transformación radical de la televisión española. El espacio presentado por Vázquez y Alcayde marcó un antes y un después en el tratamiento de la prensa rosa, estableciendo nuevos estándares de agresividad informativa que otros formatos intentarían replicar sin éxito. Durante sus más de 1.200 programas emitidos, el equipo ofreció más de 1.000 exclusivas que mantuvieron enganchada a la audiencia, convirtiéndose en líder indiscutible de su franja horaria temporada tras temporada, solo amenazado ocasionalmente por culebrones latinoamericanos que tampoco lograron arrebatarle el trono de forma permanente.
4UN TOMATE TRITURADO A DENUNCIAS
El programa desapareció carcomido por innumerables demandas y multas interpuestas por los famosos afectados. Casos como el de Norma Duval, indemnizada con 140.000 euros por mentir sobre su presunta relación con Fernando Esteso, o el de Enrique Iglesias, que recibió 336.000 euros por daños a su imagen, marcaron el inicio del fin del formato más polémico de Telecinco. Gonzalo Miró cobró 200.000 euros, mientras que José María Aznar y Ana Botella recibieron 180.000 euros por publicar falsamente su supuesta separación, una lista interminable de condenas judiciales.
Los herederos de Félix Rodríguez de la Fuente fueron indemnizados con 100.000 euros por daño al honor del naturalista. Farruquito recibió 170.000 euros y Pepe Navarro 270.000 euros en compensaciones que demostraban que el programa había cruzado sistemáticamente todas las líneas rojas del periodismo. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional continuaron abordando casos durante años después de su cancelación, mientras Paolo Vasile justificaba públicamente que el programa no se hacía para recibir denuncias, aunque las cifras de condenas judiciales demostraban exactamente lo contrario y evidenciaban un patrón sistemático de vulneración de derechos fundamentales.
