En España, la adolescencia convive con un fenómeno silencioso pero alarmante: el consumo de porno violento. Marina Marroquí, educadora social y especialista en violencia de género, alerta que uno de cada cuatro adolescentes está expuesto a contenidos que distorsionan la sexualidad y normalizan la violencia. La situación revela no solo un problema de consumo, sino también un vacío en la educación sexual y en la regulación de plataformas digitales.
Marroquí insiste en que este tipo de porno no llega a los jóvenes por curiosidad casual, sino que es impulsado por la industria, altamente desarrollada y especializada en captar nuevas audiencias. A su juicio, la falta de control y las políticas públicas insuficientes agravan la exposición temprana y los riesgos asociados.
El impacto del porno violento en la juventud
El consumo de porno violento entre adolescentes no es un fenómeno aislado. Según Marroquí, los primeros contactos pueden darse a partir de los 8 o 9 años, muchas veces a través de videojuegos o redes sociales. Esta exposición temprana tiene consecuencias profundas: terrores nocturnos, inseguridad, dificultad para identificar el consentimiento y una normalización de la violencia sexual.
La educadora señala que los chicos suelen consumir porno de manera habitual, mientras que las chicas, en menor medida, lo usan para “aprender”, aunque también sufren indirectamente sus efectos. Este fenómeno genera además una alta incidencia de autolesiones y traumas psicológicos en jóvenes que no encuentran un espacio seguro para expresar sus experiencias. Marroquí enfatiza la importancia de la educación sexual afectiva, iniciada desde la infancia, como herramienta preventiva y de protección frente a la influencia del porno.
Plataformas, regulación y políticas públicas
El problema se amplifica por el papel de las plataformas digitales. La industria del porno invierte millones en desarrollo tecnológico, lo que permite que los contenidos lleguen de manera indiscriminada a menores. Marroquí denuncia que estas empresas actúan con total impunidad y que la legislación va muy por detrás de la innovación tecnológica.
Casos recientes, como la manipulación de imágenes con inteligencia artificial para generar contenido sexual sin consentimiento, muestran la vulnerabilidad de los jóvenes y la insuficiencia de la respuesta legal. En España, las políticas públicas aún no abordan de manera integral la protección frente al porno violento, dejando a familias, educadores y jóvenes en una situación de desamparo.
Marroquí insiste en que es necesario un abordaje conjunto: regulación estricta de plataformas, educación sexual temprana y programas de prevención que incluyan a toda la sociedad. Solo así, advierte, se podrá reducir el impacto del porno violento y ofrecer a los adolescentes herramientas para desarrollarse de manera segura y saludable, evitando que la industria dicte los límites de su sexualidad.
