La jornada de huelga general convocada este miércoles 15 de octubre en el Estado español como protesta contra el genocidio perpetrado en Gaza evidenció las profundas diferencias que atraviesan el mapa mediático español. Desde la digna respuesta de algunas cadenas públicas hasta el enfoque editorial de los medios digitales, la cobertura de esta protesta expuso quiénes quisieron informar y los que continúan criminalizando las protestas pacíficas contra los crímenes israelís.
Destaca, en primer lugar, el papel de dos medios públicos. RTVE ofreció un ejemplo de transparencia y respeto por el derecho a la protesta al insertar un faldón informativo en pantalla advirtiendo de que la programación podría verse alterada debido al seguimiento de la huelga por parte de su plantilla. Este gesto, aunque simple, representó un reconocimiento institucional a la movilización ciudadana, algo que contrasta con el tratamiento que suelen recibir otras protestas sociales.
Más significativa aún fue la actuación de Canal Sur Televisión, controlada por el Partido Popular, que suspendió su emisión durante tres horas, de 10:00 a 13:00. Este gesto respondió al amplio seguimiento de la huelga entre sus trabajadores y trabajadoras. En un contexto de creciente presión política sobre los medios públicos, este tipo de acciones adquieren un valor especialmente simbólico.
Por su parte, Telemadrid, también bajo control del PP, mostró una actitud más moderada que en otras ocasiones. Si bien su plantilla no se sumó visiblemente a la huelga, la cobertura no incurrió en la habitual criminalización que ha caracterizado a esta cadena ayusista cuando se trata de movimientos sociales, lo cual podría interpretarse como una señal de prudencia ante la gravedad del contexto internacional.
En el ámbito digital, sin embargo, el panorama fue mucho más desigual. La derecha mediática apenas mencionó la huelga, minimizando su impacto o ignorándola por completo. Y algunos tabloides de extrema derecha incluso aprovecharon la jornada para atacar a los manifestantes, calificándolos de «radicales», pocas lecciones pueden dar ellos de sosiego, y centrando sus titulares en incidentes menores ocurridos en ciudades como Barcelona o Valencia.
Esta estrategia de desinformación contrasta de forma escandalosa con el silencio que estos mismos medios han mantenido durante dos años frente a los crímenes de guerra cometidos por el Gobierno de Israel, cuya ofensiva militar ha causado la muerte de más de 65.000 personas, la mayoría civiles, incluidos miles de niños.
Esta doble vara de medir es uno de los principales síntomas de la complicidad mediática con la violencia de Estado cuando esta proviene de aliados estratégicos de los Estados Unidos. En los marcos informativos dominantes, matar decenas de miles de personas mediante bombardeos se considera legítima defensa, mientras que tirar una valla o cortar una calle para denunciar esos crímenes se etiqueta como «violencia radical».
Esta distorsión de los hechos no solo desinforma, sino que perpetúa la impunidad de líderes como el presidente israelí Benjamin Netanyahu, cuya responsabilidad en crímenes de guerra está plenamente documentada.
Frente a este panorama, algunos medios progresistas estuvieron a la altura. Ejemplo de ello fue la redacción de El Salto Diario, que se limitó a informar de manera destacada sobre la huelga y rechazó cubrir informaciones de otro tipo.
El Salto Diario se ahorró informar sobre el comprensible estupor del juez del Supremo porque José Luis Ábalos siga siendo diputado, el nerviosismo del Partido Popular por su desgaste en las encuestas, la decisión del Premio Planeta de premiar al ‘cuñao’ Juan del Val, el asalto de La 1 al liderazgo de las audiencias a lomos de sus tertulias políticas y el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh.
