Los riders y los directivos de Uber Eats tienen motivos para preocuparse. Hace solo unos días la Ministra de Trabajo y Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, amenazaba a la plataforma de delivery, la única que sigue operando en España con autónomos, con «Todo el peso de la ley», y lo cierto es que ya la empresa tiene varias sanciones que impugnadas, y esperan por la decisión de los tribunales para saber si tendrán que pagarlas o podrán evitar encajar este primer golpe económico.
Según ha informado El Periódico se trata de unos 23 millones de euros en sanciones que podrían verse obligados a pagar. Los motivos son tanto por el uso de ‘falsos autónomos’ como por la presencia de repartidores indocumentados en el servicio, y aunque han conseguido, como mínimo, retrasar su pago. De momento, las actas de inspección de trabajo han sido recurridas por la empresa, que ya tendrá que pagar como mínimo algo más de 3 millones de euros por cotizaciones pendientes, por lo que todavía están siendo revisadas en tribunales.
En cualquier caso, la situación no es demasiado diferente a como empezó la presión sobre su principal rival en España, Glovo. Es bueno señalar que en su momento la situación se alargó durante años, y la empresa no asumió el proceso de contratación hasta que las acusaciones llegaron a su fundador y consejero delegado, Oscar Pierre, por lo que es de esperar que Uber también retrase la decisión de contratar a sus repartidores para cumplir con la ley rider todo lo posible.
También es cierto que incluso si los tribunales les dan la razón, estas sanciones y juicios tienen un precio tanto económico como reputacional. Lo sabe Glovo, y lo sabe Uber por lo compleja que ha sido su relación con los conductores de su plataforma de transporte a nivel internacional, ya hace años que en España están bajo contrato, aunque a través de empresas externas vinculadas a la propia Uber, así que es posible que el proceso avance de forma un poco distinta en esta ocasión.
De momento, lo único claro es que el objetivo del Ministerio es hacer que se cumpla el texto de la ley. Uber Eats, por su lado, sigue defendiendo que sus riders son autónomos y que tienen, «plena autonomía, incluida la posibilidad de fijar sus propias tarifas o de aceptar y rechazar pedidos cuando lo deseen» y los propios repartidores mantienen que este modelo es el más beneficioso para ellos.
ALARGAR EL PROBLEMA
En cualquier caso, la idea de alargar el problema y pagar más adelante no es negativa para la empresa. Si bien lidiar con tribunales, inspecciones y abogados tiene sus costos, alargar la idea de hacer un solo pago por una sanción de este tamaño no debe ser agradable, y saben que muchas veces pueden conseguir victorias en tribunales, incluso con la ley rider de trasfondo.
Es una estrategia típica de las grandes empresas ante este tipo de situaciones. No siempre funciona en el largo plazo, pero reduce la presión económica frente a estas situaciones, y permite que la empresa siga operando de forma normal, con la excusa de que las sanciones que quiere aplicar la inspección de trabajo siguen en tribunales.
LA PRESIÓN DE LOS COMPETIDORES TAMBIÉN CAE SOBRE UBER
En el caso de Uber también está la novedad de ser la única plataforma de delivery que sigue usando autónomos en España. Esto los ha puesto no solo en la mira del Ministerio de Trabajo, sino también en la de sus rivales empresariales. Allí están Glovo, que ya ha señalado que sorprende el nivel de presión que enfrentaron frente a la que ha caído sobre Uber Eats, y Just Eat, ambas lidiando con los retos de tener repartidores bajo contrato, mientras que la última plataforma escapa de momento de la decisión.
Ya en su momento Just Eat puso una denuncia contra Glovo por lo que han considerado competencia desleal, aunque finalmente la misma no trascendió en tribunales. Al mismo tiempo, este tipo de movimiento se suma a la presión legal, y a la idea de que es necesario que todas las partes del sector jueguen con las mismas normas. Es un motivo lógico de molestia entre empresas que se han visto en una situación similar, y han terminado cediendo ante la nueva ley.
