El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ratificaba
recientemente una sanción de Inspección de Trabajo que le obliga a
Engel & Völkers a pagar 6,4 millones de euros a la Seguridad Social,
en lo que ha supuesto un revés financiero y reputacional para la
inmobiliaria de lujo.
Esta multa se debe a la detección de un fraude laboral masivo: la
empresa empleó a 569 comerciales en Valencia como falsos autónomos
durante un extenso periodo comprendido entre 2018 y 2023.
La sentencia avala la actuación de la autoridad laboral, que determinó
que, a pesar de que la compañía de origen alemán, propiedad de un
fondo, mantenía formalmente externalizado su servicio de vendedores,
era la dirección la que ejercía un control estricto sobre su actividad.
Específicamente, la dirección organizaba, delimitaba las zonas de venta
y fijaba las comisiones que los supuestos ‘autónomos’ debían percibir,
prácticas típicas de una relación laboral asalariada y no de un servicio
independiente
Durante el mencionado periodo, 2018 y 2023, Juan-Galo Macià y
Miguel Ángel Cantos, eran los máximos directivos responsables de
Engel & Völkers en Valencia y compatibilizaban la actividad con su
empresa MACGALO Real Estate Investment.

Juan-Galo Macià y Miguel Ángel Cantos, socios fundadores de la
empresa MACGALO Real Estate Investment (constituida en 2018),
ocupan en la actualidad los puestos de Presidente de Engel & Völkers
Iberia & Sur América y Director en Engel & Völkers Madrid,
respectivamente.
Este modelo, denunciado por la Inspección de Trabajo en Valencia, fue
una práctica mantenida por Engel & Völkers en toda España hasta
2024, según fuentes de la propia compañía. Desde entonces, y con el
objetivo declarado de “profesionalizar” el perfil de sus consultores y
comerciales, la empresa afirma haber cambiado su política, contratando
directamente a dicho personal, y asegurando que actualmente ya no
opera bajo el esquema de autónomos.

Permira, tocada
La noticia de la multa de 6,4 millones de euros y la confirmación judicial
del fraude laboral representan un claro perjuicio para Permira, la gestora
británica de capital riesgo que se convirtió en accionista mayoritario de
Engel & Völkers en 2021.
Permira se ve ahora obligada a lidiar con las consecuencias de la multa millonaria por fraude laboral
Permira, presidida por Brian Ruder y cuyo responsable en España es
Pedro López de Guzmán, adquirió, en una operación valorada en unos
400 millones de euros, su participación mayoritaria del 60% en el bróker
inmobiliario Engel & Völkers. La familia Völkers y parte del equipo
directivo retuvieron el restante 40% de las acciones.
Permira, que invierte para capitalizar y expandir negocios de éxito, se ve
ahora obligada a lidiar con las consecuencias de la multa millonaria por
fraude laboral, que afectó a 569 personas en Valencia y las
consecuencias que puede tener en el resto de las comunidades
autónomas en las que opera.