La participación ciudadana en la justicia adquiere un papel protagonista en España a través del jurado popular. Este mecanismo permite que ciudadanos elegidos por sorteo decidan sobre la culpabilidad o inocencia de acusados en casos concretos, garantizando un equilibrio entre el sistema judicial y la sociedad. Su intervención, aunque poco frecuente, genera un impacto notable en causas mediáticas y delitos de especial relevancia.
Recientemente, el juez Juan Carlos Peinado notificó a Begoña Gómez que, si finalmente se celebra el juicio por el delito de malversación que se le atribuye, será un jurado popular quien determine el veredicto. Nueve ciudadanos, seleccionados de manera aleatoria entre vecinos de la provincia, serán responsables de evaluar los hechos y emitir su decisión, mientras que las partes podrán plantear modificaciones en caso de considerar que el delito no es competencia del jurado.
2El juicio y la deliberación del jurado
Durante el juicio, los miembros del jurado popular no realizan calificaciones jurídicas; su función es evaluar la veracidad de los hechos. Pueden interrogar a testigos y peritos a través del juez, quien determina la pertinencia de las preguntas. Al concluir las sesiones, reciben una hoja con los hechos probados y deben decidir sobre culpabilidad o inocencia: se requieren siete votos para condenar y cinco para absolver.
El jurado popular permanece incomunicado durante la deliberación para garantizar la independencia de su decisión frente a presiones externas o influencia mediática. La ley contempla compensaciones económicas de 67 euros diarios y reembolsos por gastos de viaje, alojamiento y manutención. A pesar de su complejidad, la experiencia de formar parte de un jurado popular refleja la confianza depositada en ciudadanos comunes para fortalecer la justicia.
Aunque los casos con jurado popular son poco frecuentes, su relevancia es innegable, como ocurrió en el juicio por los trajes de Francisco Camps en 2012, donde la decisión se resolvió por un estrecho margen de cinco votos a cuatro. Así, este mecanismo sigue consolidándose como un elemento esencial del sistema judicial español, combinando participación ciudadana y control legal en delitos de especial consideración.
