Las personas de avanzada edad con movilidad reducida se enfrentan cada día a obstáculos de accesibilidad que van más allá de las propias limitaciones de movilidad. Un reciente estudio pone de manifiesto, de manera alarmante que hay un porcentaje muy elevado de mayores de 65 años que se enfrentan a barreras arquitectónicas en su vida cotidiana renunciando de este modo a cualquier tipo de cita con amigos, renunciando a trasladarse o, incluso llegando a depender de una tercera persona para realizar una actividad básica.
2CAMINO A UNA AUTONOMÍA REAL
La vivienda es el núcleo de la accesibilidad, sobre todo en personas mayores. Rampas, puertas suficientemente anchas, baños sin escalón de acceso, pasamanos bien ubicados; estos elementos de nuestro hábitat cotidiano, aunque hoy en día pueden aparecer como «extras», son los que marcan la diferencia entre una vivienda que encierra y una que empodera, entre una vivienda que ahoga y una que permite «crecer con su dueño» y con los vínculos necesarios.
Y conectar el hogar con el barrio exige calles niveladas, aceras suficientemente anchas, sin bordillos abruptos, vados peatonales bien diseñados, transporte público accesible. Las intervenciones urbanas han de ser universales y no pasadas a la historia. Las buenas intenciones son insuficientes: hacen falta leyes que obliguen a la mejora y recursos para la transformación. En distintos puntos del país se están poniendo sobre la mesa reformas para que no haya posibilidad para las comunidades de vecinos o las co-propiedades de bloquear instalaciones como los ascensores cuando hay personas con movilidad reducida.
Hacer obligatorio el acceso y la accesibilidad en ciudades y edificios dejaría de serlo para adquirir rango de derecho. Las ayudas públicas son otro vector; son las subvenciones a las reformas, las deducciones fiscales, los fondos para la accesibilidad urbana. La inversión pública en bienestar colectivo tiende puentes hacia sociedades más inclusivas. Pero también es importante la implicación de quienes viven en comunidades
