martes, 7 octubre 2025

Uber, Cabify y Bolt enfrentan la nueva «Ley Taxi» con estrategias diferentes

Unos se anotan a las críticas, otros rescatan algunas licencias a través de los tribunales y otros tratan de convencer a los taxistas. Si algo ha demostrado las diferencias entre Uber, Cabify y Bolt ha sido las diferencias en la forma en la que han abordado la posibilidad de la nueva ‘Ley Taxi’ impulsada por el Gobierno de Salvador Illa en Cataluña. Es que aunque han lanzado un comunicado conjuntas, cada una ha buscado su propio salvavidas que les permita mantenerse a flote en la Generalitat, y en particular en la Ciudad Condal, a la espera de un cambio en la marea política. 

La más reciente en conseguir una solución ha sido Cabify. Según reportó desde Barcelona La Vanguardia, el unicornio español habría conseguido rescatar unas 250 licencias hasta 2038. Lo cierto es que han conseguido que estas licencias sobrevivan gracias a la inversión hecha en muchos casos por los propios conductores, que se ha considerado suficiente para permitir su funcionamiento hasta el año señalado. Aunque desde el taxi ya se ha expresado molestia ante esta situación, también se hace evidente que los abogados de Cabify han conseguido una primera victoria importante. 

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Pero no todos han podido rescatar licencias. Uber y Bolt han optado por captar conductores de taxi que operan en su aplicación, y funcionar en Barcelona con un modelo similar al de Free Now, controlada por Lyft. Para estos conductores, la opción de saber donde recoger un pasajero, en lugar de dar vueltas mientras se intenta ubicarlo, sirve para cubrir horas bajas y para ocupar el último viaje del día. Es una opción que también tienen en ciudades como Madrid, pero que en este caso se vuelve una de las pocas opciones que tienen las plataformas de la ‘Nueva Movilidad’ para mantener su presencia de marca en una ciudad tan importante como Barcelona. 

En el caso de Bolt se suma la presencia de la empresa en el grupo empresarial ‘La Ciudad que nos mueve’ desde la cual se ha alzado la voz contra la nueva ley. Sumando el ocio nocturno y la hostelería a la crítica contra la nueva licencia, es evidente que la nueva ley solo ha caído bien entre quienes forman parte del mundo del taxi. Al mismo tiempo, los críticos de estas nuevas aplicaciones han criticado básicamente cada uno de los argumentos presentados por las aplicaciones, con el grupo Élite Taxi celebrando la nueva ley y las limitaciones al sector. 

UBER, CABIFY Y BOLT INTENTAN MANTENERSE A FLOTE

Lo cierto es que de momento la nueva ley no ha espantado a las empresas de la nueva movilidad. Es cierto que de momento tienen la sensación de una Espada de Damocles sobre sus cabezas, que en cualquier momento puede comunicarles que no seguirán operando en la Generalitat, o que al menos se verán obligados a reducir su presencia de forma dramática. Además, insisten en que su presencia en Barcelona es necesaria para cubrir la demanda de los usuarios en la Ciudad Condal. 

Vehículo de Uber en Madrid. Fuente: Agencias
Vehículo de Uber en Madrid. Fuente: Agencias

No es un detalle menor, y es uno que puede servir para hacer presión sobre el Gobierno de Salvador Illa, tanto durante el proceso de aprobar la nueva ley como una vez que esté en vigor. La realidad es que esta situación es bastante particular, no es que sea la única comunidad autónoma que ha reducido la presencia de estas aplicaciones, pero si es una de las pocas ocasiones en las que se ha planteado directamente expulsarlos de una tan importante, incluso, si no se presenta la normativa de la misma forma. 

EL OBJETIVO ES GANAR TIEMPO

Lo cierto es que además de presionar por cambios de la ley, lo único que pueden hacer estas plataformas es ganar algo de tiempo. La realidad es que incluso con 250 licencias hasta 2038 para Cabify, esto sería una sombra de su presencia actual en una Comunidad Autónoma donde hay alrededor de 4.000 licencias de VTC aprobadas y operando en zonas urbanas. 

Por su lado, Uber, Cabify y Bolt han querido enfocar la situación en los alrededor de 7.000 conductores que se quedarían sin empleo. Ha sido el punto clave sobre el que han apoyado sus argumentos, y siguen esperando una solución por parte de la administración. 


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