La vivienda se ha convertido en uno de los ejes centrales del pulso político en Andalucía de cara a las próximas elecciones autonómicas. En las últimas semanas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), y la secretaria general del PSOE andaluz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han protagonizado un choque frontal en torno a las políticas públicas de vivienda, con mensajes cruzados, reproches por la financiación autonómica y promesas dirigidas a captar el voto de las clases medias y los colectivos más vulnerables.
La aprobación del Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía por parte del Gobierno andaluz ha marcado un punto de inflexión. La nueva norma, que se presenta como alternativa a la ley estatal impulsada por el Gobierno central, aspira a facilitar el acceso a una vivienda digna mediante la construcción de 40.937 viviendas protegidas, más del doble de las 20.000 inicialmente anunciadas.
Esta cifra ha sido posible gracias al nuevo decreto-ley aprobado en febrero, que permite la polémica transformación de suelos dotacionales y terciarios en residenciales, una medida con la que se han sumado más de 8.000 unidades a las previsiones iniciales.
Los datos presentados por la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, muestran una ambiciosa planificación territorial: Málaga lidera con 8.511 VPO previstas, seguida por Sevilla y Dos Hermanas, con 7.469 y 6.805 respectivamente. En total, se han identificado 659 parcelas en los municipios de más de 100.000 habitantes, en colaboración con los ayuntamientos, para construir viviendas protegidas que contribuyan a contener el alza de precios en el mercado inmobiliario.
Sin embargo, desde el PSOE andaluz se cuestiona la eficacia real de estas medidas. María Jesús Montero, en un acto conjunto con Moreno en Córdoba para entregar 113 viviendas protegidas en alquiler social para mayores, apeló a la colaboración institucional, pero también aprovechó para lanzar críticas directas.
Montero defendió el papel del Gobierno central en el refuerzo del Estado del bienestar y recordó que Andalucía ha recibido más fondos que nunca bajo el mandato de Pedro Sánchez, lo que a su juicio debería traducirse en políticas más ambiciosas y no en una confrontación constante.
La ministra de Hacienda también defendió la necesidad de una nueva financiación autonómica, mientras acusaba a Moreno de no haber ejercido con eficacia sus competencias. En contraposición, el presidente andaluz denunció que el actual modelo de financiación deja cada año a Andalucía sin 1.500 millones de euros.
El choque ha subido de tono con la negativa del Gobierno andaluz a aceptar la quita de deuda de 18.700 millones de euros ofrecida por el Ejecutivo central. Montero cree Moreno se deja arrastrar por el frentismo de Isabel Díaz Ayuso.
Desde la Junta se argumenta que la propuesta es insuficiente si no se aborda una reforma completa del sistema. Además del gran paquete legislativo, Moreno ha anunciado nuevas rebajas fiscales incluidas en los próximos presupuestos autonómicos, con una deducción ampliada para el alquiler de hasta 1.200 euros anuales para jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 y personas con discapacidad (hasta 1.500 euros).
Según la Junta, se beneficiarán 35.000 andaluces, lo que representa un 0,4% de la población. Esta se une a otras desgravaciones recientemente anunciadas, como la deducción de gastos veterinarios o de gimnasio, que se interpretan como intentos del Gobierno de Moreno de conectar con sectores de clase media organizados y ampliar su base electoral.
La oposición considera que estas medidas, de impacto económico limitado, buscan distraer la atención de problemas estructurales como la sanidad pública o la dependencia.
PROPUESTA SOCIALISTA
Desde el PSOE andaluz, María Jesús Montero ha prometido que, si llega a la presidencia de la Junta, pondrá la vivienda como una prioridad absoluta y aceptará la quita de deuda ofrecida por el Gobierno central.
El cruce de reproches y promesas anticipa una campaña electoral polarizada, con la vivienda como uno de los principales campos de batalla. Mientras Moreno apuesta por ampliar la colaboración público-privada, reducir impuestos y aumentar el parque residencial protegido, Montero defiende una intervención más directa del Estado y una financiación justa para garantizar los servicios públicos.
