A poco más de cinco meses para las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026, la vivienda se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político en Castilla y León. En un contexto de subida sostenida de los precios del metro cuadrado —que alcanzó los 1.244 €/m² en agosto de 2025 según Idealista, un 0,9% más que en julio y un 3,9% más que en agosto de 2024—, las principales fuerzas políticas regionales han intensificado sus mensajes y propuestas sobre un problema que empieza a afectar de forma notable a cada vez más ciudadanos, especialmente jóvenes y familias con rentas medias o bajas.
SUBIDAS GENERALIZADAS
Las estadísticas reflejan una presión creciente sobre el acceso a la vivienda. A nivel provincial, Ávila lidera las subidas interanuales con un notable incremento del 9,7%, seguida de Segovia (7,5%), León (6,4%), Salamanca (5,4%) y Palencia (5,3%). Valladolid, la provincia más poblada, también muestra una subida significativa del 3,7%. Solo Zamora ha registrado una leve caída del 0,2%, convirtiéndose en la excepción dentro de un escenario generalizado de encarecimiento.
Este contexto ha obligado a los partidos a colocar la vivienda en el centro del tablero electoral, tanto desde el gobierno como desde la oposición.
MAÑUECO PRESUME
El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha reforzado su discurso en materia de vivienda en los últimos meses. En julio de este año presentó la resolución de las ayudas al alquiler correspondientes a la convocatoria de octubre de 2024, con un total de 21.006 familias beneficiarias y un presupuesto récord de 48,9 millones de euros, un 13,82% más que el año anterior.
El Ejecutivo autonómico incrementó en 29,4 millones el presupuesto inicial para garantizar que todas las solicitudes que cumplían los requisitos fueran atendidas, eliminando así las listas de espera por noveno año consecutivo. Mañueco también ha reivindicado su plan de construcción de 1.000 viviendas públicas destinadas a jóvenes en el medio rural hasta 2030, con una inversión de 150 millones de euros, como parte de una estrategia de fijación de población y lucha contra la despoblación.
EL PSOE LES ACUSA DE AYUDAR A LA ESPECULACIÓN
Desde la oposición, el PSOE ha endurecido su discurso. La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, acusó este verano a la Junta de establecer precios «salvajes» para la vivienda pública con el objetivo de beneficiar a promotoras e inmobiliarias.
Casado ha denunciado que la orden publicada el pasado 1 de agosto en el BOCyL sobre los precios máximos de venta y alquiler en vivienda protegida legitima cobros supuestamente ilegales realizados por empresas a inquilinos durante años, y permite subidas en los nuevos contratos de más de 200 euros mensuales, algo que —según el PSOE— choca frontalmente con los planes estatales de vivienda.
«El señor Mañueco no gobierna para los castellanos y leoneses, sino para los grandes fondos de inversión», sentenció Casado, quien además acusa al presidente autonómico de tratar la vivienda como un mero instrumento financiero.
CHOQUE EN LAS CORTES
La tensión también se ha trasladado a las Cortes autonómicas. El Grupo Popular y Vox rechazaron recientemente una propuesta del PSOE para reformar la Ley de Vivienda de Castilla y León. La iniciativa socialista pretendía limitar el precio del alquiler en viviendas públicas o con ayudas al 30% de los ingresos familiares, y hacer permanente la calificación de vivienda protegida mientras el inmueble exista.
La disputa en torno a la vivienda anticipa una campaña electoral marcada por este asunto. El PSOE apuesta por el alcalde soriano Carlos Martínez como candidato, quien se espera que centre su discurso en las dificultades de acceso a la vivienda y en el desarrollo del medio rural con servicios públicos, frente a lo que considera políticas «vacías» del PP.
Podemos, en pleno pulso contra Sumar, estrenará candidato de la mano de Miguel Ángel Llamas. Los morados se han mostrado muy críticos con la gestión ‘popular’ y también han criticado las propuestas socialistas por no ser contundentes.
En una comunidad donde el reto demográfico, el acceso a la vivienda y el equilibrio territorial están interconectados, Castilla y León se adentra en una contienda electoral donde la vivienda, más que nunca, será un factor clave para decantar votos.
