Una caída en el precio del alquiler de la vivienda de hasta 13% y en de la compra de un 6%. Los datos del reciente informe del Instituto de Economía de Barcelona, solicitado por el ayuntamiento, son un mazazo para Airbnb y demás empresas que ofrecen Viviendas de Uso Turístico (VUT) en su lucha para mantener su presencia en la Ciudad Condal en un momento en que las administraciones de las grandes capitales globales han puesto el ojo en el efecto de la empresa sobre el costo de la vivienda, y en la posibilidad de regular de forma más severa o directamente apartarlos de zonas clave.
El problema es que el informe contradice los argumentos históricos de la empresa para defender su presencia no solo en Barcelona, sino en otras ciudades clave de territorio español, como Madrid, Valencia y las Baleares, y del resto del mundo. Aunque también hay efectos negativos en la economía local derivados de la expulsión de Airbnb, una caída en el PIB de la ciudad, la pérdida de hasta 16.000 empleos o una menor capacidad turística, en un país donde la vivienda se ha convertido en uno de los puntos clave del debate político no parece probable que estos tomen prioridad.
Lo cierto es que han visto cómo cambia su situación en varias ciudades. A pesar de las críticas que ha recibido el plan, vive en Madrid, por permitir convertir edificios completos de vivienda en VUT siempre que se haga con el edificio completa, el mismo debería reducir la presencia actual de los Airbnb del centro de la ciudad, y permitiría poner el ojo en la gran cantidad de pisos ofrecidos a turistas sin la licencia correcta.
De igual modo ocurre en las demás ciudades de España. Políticamente, reducir el precio de la vivienda siempre será visto como un logro, y se suma que poco a poco la empresa es peor recibida en los barrios de Madrid, Valencia y demás ciudades del país, con los pisos que se asume controla la empresa recibiendo ataques de vecinos, graffitis y otras formas de vandalismo. En ese contexto es difícil pensar que algún político, sin importar el partido, se ponga del lado de la empresa, al menos no en todas sus exigencias.
LIMITACIONES GLOBALES PARA AIRBNB
Lo cierto es que las limitaciones no son únicamente en Barcelona, o incluso únicamente en España. Francia ha limitado el tiempo máximo de alquiler de una vivienda vacaciones, Alemania ha limitado los días que se puede ofrecer una vivienda para el turismo, Italia los ha expulsado de Roma y Florencia e incluso en Madrid hay una orden del ministerio de Consumo y Agenda 2030 obligando a la plataforma a retirar unos 65.000 pisos anunciados en la web, a pesar de los intentos de la empresa de llevar el caso a los tribunales.
Es una tormenta perfecta para una empresa que, hasta hace poco, tenía el apoyo de varios gobiernos y de los ciudadanos interesados. Lo cierto es que la situación empieza a ser compleja, con la empresa en posición de defensa en el corto y mediano plazo, después de todo, mientras que siga existiendo un problema de vivienda en las grandes ciudades, este tipo de ofertas se seguirán viendo con recelo, y como uno de los motivos que afectan los datos del precio y de la oferta de vivienda en estas zonas urbanas.
LA EMPRESA SIGUE DEFENDIENDO QUE NO ES CULPABLE DEL PRECIO DE LA VIVIENDA
En cualquier caso, la posición de Airbnb no ha cambiado. La empresa sigue considerando que su oferta no es suficiente para marcar el precio de la vivienda, y que simplemente hacen contrapeso a otras opciones como los hoteles y hostales en estas ciudades, de momento su mensaje cae en oídos sordos para la ciudadanía, pero es posible que consigan el apoyo de algún partido político.
Aun así, organizaciones como Inside Airbnb recuerdan que es cada vez más común que las ofertas de la plataforma no vengan de propietarios individuales, sino de empresas con varias VUT. En esa realidad es difícil ignorar el problema generalizado de la vivienda, y defender la idea de que la mayoría de quienes ofrecen sus viviendas para el alquiler de uso turístico son usuarios o familias particulares.
