El acceso a una vivienda adecuada se ha convertido en uno de los factores más determinantes —y excluyentes— del sistema universitario español. Con una movilidad creciente entre el estudiantado y una oferta claramente insuficiente de residencias asequibles, la brecha entre quienes pueden permitirse estudiar fuera de su lugar de origen y quienes no, sigue ampliándose.
Esta realidad ha sido el eje de la reunión mantenida recientemente por las ministras Diana Morant (Ciencia, Innovación y Universidades) e Isabel Rodríguez (Vivienda y Agenda Urbana) con representantes de 44 universidades públicas, con el objetivo de dar un nuevo impulso a la creación de alojamientos accesibles para estudiantes.
Durante el encuentro, celebrado en la sede del MICIU, ambas ministras trasladaron la voluntad del Gobierno de reforzar las políticas públicas que garanticen el derecho a la educación superior en condiciones de igualdad, especialmente a través de soluciones habitacionales que permitan a las universidades convertirse en agentes activos en la promoción de residencias.
La ministra Morant apeló a la corresponsabilidad de las universidades públicas, invitándolas a dar un paso adelante como promotoras de alojamientos accesibles, apoyándose en suelo y financiación públicos.
Por su parte, la ministra Rodríguez destacó que la emancipación juvenil sigue siendo una asignatura pendiente en España, y que el acceso a la vivienda no debe ser un obstáculo para el desarrollo académico ni personal.
Rodríguez propuso activar un plan conjunto de prospección para identificar suelo público susceptible de ser destinado a residencias u otros modelos de alojamiento asequible, en colaboración con comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades.
SISTEMA TENSIONADO
La necesidad de ampliar la oferta de alojamientos universitarios no es coyuntural. Según datos de la Secretaría General de Universidades, solo uno de cada cuatro estudiantes de grado, máster o doctorado reside en el mismo municipio donde estudia.
El resto se ve obligado a desplazarse a otra ciudad o incluso a otra comunidad autónoma, lo que añade un factor de exclusión para quienes no cuentan con recursos suficientes. A pesar del crecimiento de la demanda en los últimos años —se estima un aumento del 30% desde 2020—, la oferta de plazas no ha acompañado ese ritmo.
El parque actual ronda las 111.000 camas en toda España, una cifra muy por debajo de las necesidades reales. Estudios del sector cifran el déficit estructural en más de 500.000 camas, concentradas sobre todo en el tramo de precios más asequibles, donde la brecha entre oferta y demanda es más pronunciada.
Ante esta situación, empresas especializadas han tomado la delantera en la expansión de residencias universitarias. La compañía Resa, el principal operador del país, ha anunciado un plan para incorporar 4.000 nuevas camas en los próximos cuatro años, con una inversión de 200 millones de euros.
EQUIDAD
La escasez de residencias afecta especialmente a estudiantes con menos recursos económicos, a quienes proceden de zonas rurales o pequeñas localidades, y a estudiantes internacionales. La concentración de universidades en grandes ciudades ha generado una presión desproporcionada en sus mercados de vivienda, y las plazas disponibles son claramente insuficientes: solo en Barcelona se estima que hay un déficit de 70.000 camas, con 85.000 estudiantes solicitando alojamiento y apenas 15.000 plazas disponibles.
El problema se agrava con un dato estructural: el ratio de camas por estudiante en España está entre el 6% y el 7%, frente al 14% de media europea o el 34% en el Reino Unido. Esto coloca al país en una posición de desventaja dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y reduce las oportunidades de movilidad.
MODELO
La dimensión social del problema ha obligado a repensar el modelo de alojamiento universitario. Tanto desde la administración pública como desde el sector privado se apunta a la necesidad de establecer un marco más estable y colaborativo. La fórmula de concesión en suelos públicos, combinada con financiación y gestión profesional, aparece como una vía viable para multiplicar las plazas disponibles sin disparar los precios.
Desde el punto de vista institucional, las universidades también deben asumir un papel más activo, no solo como gestoras del conocimiento, sino como garantes del acceso en igualdad de condiciones a la vida universitaria. La vivienda no puede seguir siendo una variable ajena al diseño de la política universitaria. El reto no es solo aumentar el número de camas, sino garantizar que estas respondan a criterios de accesibilidad, sostenibilidad y calidad. Resolver esta cuestión no es únicamente una inversión en infraestructuras: es una inversión en igualdad, cohesión territorial y futuro.
