Fumar ya no será tan sencillo para quienes se encuentran en las residencias de mayores. El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto que modifica el texto de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias en materia de tabaquismo, conocida como Ley Antitabaco, y que ahora comenzará su camino parlamentario. El texto establece restricciones a fumar y vapear en los espacios públicos, endurece la normativa sobre la publicidad y promoción de los productos, aunque si bien mantiene alguna excepción que ya estaba en la modificación de 2010 especialmente en el caso de las residencias de mayores y los centros para personas con discapacidad.
2ENTRE LA AUTONOMÍA Y LA SALUD COLECTIVA

Desde el ámbito de la medicina y las asociaciones antitabaco, la postura es más drástica. Para José Ramón Calvo, presidente del Comité médico de Cuídate+, «aceptar como inevitables las salas de fumadores sería un error» y deberían ofrecerse técnicas de dejar de fumar, incluso a medida que se avanza en la vida. Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, le da la razón: “no existe un nivel seguro de exposición al humo del tabaco ni al del vapeo.
Habilitar zonas no hace sino comunicar lo contrario por mucho que hayan sido ventiladas”. Más en la misma línea, la asociación Nofumadores.org también ha solicitado la eliminación de esta excepción y denuncia que en algunos centros las áreas de fumadores acaban siendo utilizados por trabajadores o parientes, con el riesgo que implica su uso, incluida la posibilidad de provocar pequeños fuegos.
Sin embargo, otros expertos -como es el caso de Nieves Fernández Letamendi- de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, resaltan la identidad de los residentes y la necesidad de un equilibrio. Para ella, si la máxima es que fumar es legal, existe la posibilidad de regular el consumo en estos espacios, pero siempre minimizando los riesgos para los otros residentes.
El debate, por lo tanto, queda abierto. La modificación de la Ley Antitabaco supondrá un nuevo paso en la política de salud pública en España, aunque la discusión sobre hasta dónde tiene que llegar la prohibición, sobre todo en espacios residenciales, se prorrogará en el Parlamento y posteriormente en la sociedad.