El reciente anuncio de la Junta de Andalucía sobre su estrategia para repoblar el medio rural ha sido recibido con escepticismo en el entorno de la ministra María Jesús Montero. Aunque la propuesta parte de una preocupación real —el desequilibrio demográfico y territorial que afecta a buena parte de Andalucía—, el equipo de Montero sospecha que el plan responde más a intereses políticos y de imagen que a un compromiso estructural con el futuro de los pueblos.
La Junta ha puesto en marcha una campaña que, a través de historias personales y un portal web, trata de mostrar que vivir en el entorno rural no solo es viable, sino deseable. Figuras como una emprendedora que combina su vida familiar con su actividad profesional en el campo, o un joven empresario que vuelve a su tierra para crear empleo, sirven como ejemplos de una narrativa optimista: la Andalucía vacía como espacio de oportunidad y calidad de vida.
Sin embargo, desde el PSOE se considera que esta puesta en escena, a pesar de su atractivo comunicativo, está diseñada más para captar titulares y movilizar electorado que para resolver de fondo el problema.
La preocupación no reside en el contenido del mensaje, que en muchos casos coincide con propuestas que el propio partido ha planteado en el pasado, sino en el momento y la forma de su presentación. Se observa una coreografía política muy marcada: una estrategia lanzada justo cuando comienza a activarse el ciclo electoral, con una campaña publicitaria bien medida y una batería de intervenciones institucionales que, en conjunto, parecen buscar rédito más que transformación.
El plan de la Junta plantea metas ambiciosas. Aspira a alcanzar los diez millones de habitantes en 2050, con el argumento de que esta cifra es necesaria para garantizar el sostenimiento de los proyectos económicos en marcha y el equilibrio territorial de la comunidad. Para lograrlo, se ha elaborado una clasificación de municipios que necesitan apoyo, y se ha desarrollado una plataforma digital que permite explorar las oportunidades que cada uno ofrece: conectividad, transporte, servicios, vivienda y empleo.
Pero, en la visión del equipo de Montero, este despliegue institucional y mediático corre el riesgo de convertirse en una operación de marketing si no va acompañado de compromisos firmes y verificables. La Junta ha hablado de diagnósticos elaborados durante cuatro años, de medidas transversales, de una estrategia coordinada que implicará a todo el Gobierno andaluz.
Sin embargo, en la práctica, los interrogantes sobre el alcance real de las inversiones, los plazos de ejecución o el impacto tangible de las políticas siguen abiertos. El entorno de Montero teme que, tras la campaña de imagen, no haya un seguimiento riguroso ni una asignación presupuestaria sólida. Considera que la apuesta del Gobierno andaluz por el medio rural ha llegado tarde y de forma oportunista, y que ahora se intenta vestir de plan estructural lo que en realidad es un instrumento de proyección electoral.
La percepción que se instala es que hay más voluntad de visibilidad política que de transformación social. También se observa con preocupación la posibilidad de que el desarrollo del plan reproduzca desequilibrios previos. Los municipios más accesibles o mejor conectados podrían absorber la mayoría de los recursos, mientras que los territorios realmente aislados —que son los que más necesitan apoyo— quedarían relegados.
Esa desigualdad en la implementación sería, a juicio del PSOE andaluz, una muestra más de que la estrategia ha sido concebida desde la lógica del impacto mediático más que desde la equidad territorial.
ELEMENTOS POSITIVOS
A pesar de estas críticas, el equipo de Montero no desacredita por completo la iniciativa. Reconoce que hay elementos valiosos y que es positivo que, por fin, el reto demográfico se aborde como una cuestión de comunidad, no solo como un problema municipal.
Pero insisten en que no se puede plantear una estrategia de esta magnitud sin detallar de forma clara cómo se ejecutará, qué garantías de continuidad tiene y qué mecanismos se establecerán para asegurar que los fondos lleguen donde realmente se necesitan.
En definitiva, la sospecha es que este plan, aunque contiene ingredientes técnicos serios, ha sido envuelto en un relato construido para captar adhesión social en el corto plazo. Se teme que el foco esté puesto en la construcción de una imagen de gestión eficaz justo cuando se abren nuevos escenarios electorales, especialmente en provincias y municipios donde el voto rural puede ser determinante.
