Entre el 21 de junio y el 8 de septiembre se registraron contrataciones en prácticamente todas las comunidades autónomas, consolidando al satélite como alternativa real allí donde la fibra o el ADSL no llegan, según Serenae
La demanda de internet satelital en España ha experimentado un crecimiento notable durante los meses de verano. Entre el 21 de junio y el 8 de septiembre, se registraron contrataciones en prácticamente todas las comunidades autónomas, lo que confirma que el satélite se consolida como una alternativa real allí donde las redes terrestres de fibra o ADSL no ofrecen cobertura suficiente.
Según Serenae, compañía líder del sector en España, el fenómeno se intensifica en verano, cuando miles de familias se desplazan a segundas residencias en áreas rurales, de montaña o en la costa, y buscan mantener la misma calidad de conectividad que en sus domicilios habituales. A ello se suma el auge del teletrabajo, que ha incrementado la necesidad de contar con conexiones estables y rápidas incluso en los lugares más apartados.
Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León lideran la demanda
Los datos recogidos por Serenae muestran que Andalucía concentra el 22,42% de las contrataciones, seguida por la Comunidad Valenciana (15,76%) y Castilla y León (13,94%). Estos territorios combinan amplias áreas rurales con un fuerte componente de turismo estacional.
La tendencia se extiende también a regiones tradicionalmente afectadas por la brecha digital como Castilla-La Mancha (6,67%) y Extremadura (6,36%), así como a comunidades del norte con mayor despliegue de red fija, como Asturias y Cataluña (5,45% cada una), donde el satélite gana peso como alternativa o complemento. En Madrid (4,55%), las altas reflejan la búsqueda de cobertura en segundas residencias fuera de la capital.
Otros territorios como Murcia (4,24%), Canarias (3,94%), Aragón (3,33%), Galicia (2,73%), Baleares (1,82%), La Rioja (1,52%), Cantabria (0,91%), Navarra (0,61%) y País Vasco (0,3%) completan la distribución, confirmando que la demanda se extiende de forma transversal por todo el país.
El satélite, clave para la cohesión territorial
La tendencia refleja un cambio en los hábitos de los usuarios, que ya no aceptan desconexiones forzadas por limitaciones tecnológicas. La conectividad se ha convertido en un servicio esencial, tanto en el ámbito personal como en el profesional, y se exige con la misma intensidad en grandes ciudades y en pequeños municipios.
En este contexto, el internet satelital se consolida como herramienta estratégica para reducir desigualdades, garantizar cohesión territorial y ofrecer igualdad de oportunidades digitales a todos los ciudadanos.
«Somos una compañía con vocación de dar servicios de telecomunicaciones en las áreas más rurales, sin perder de vista que el satélite es imprescindible para garantizar la conectividad cuando las conexiones terrestres –fibra, 4G, 5G– fallan, situación que también se da en los entornos urbanos. El satélite será siempre necesario para garantizar la cobertura total del territorio: es la única tecnología sin limitaciones geográficas, con servicio asegurado en el 100% del país», afirma Vanessa Cota, Directora de Marketing y Experiencia del Cliente de Serenae.
Tecnología con impacto social
El papel del satélite va más allá de lo técnico: permite digitalizar servicios esenciales como la educación, la sanidad o el cuidado de mayores, y se convierte en un motor para frenar la despoblación y construir comunidades más cohesionadas.
Serenae, en colaboración con socios estratégicos como Hispasat, trabaja con distintas capas de conectividad satelital adaptadas a cada entorno, garantizando fiabilidad y estabilidad frente a modelos más volátiles como otros operadores globales.
Además, la compañía traslada su experiencia a proyectos internacionales, especialmente en África, donde contribuye a conectar explotaciones agrícolas, escuelas, centros sanitarios y pequeños negocios. Una visión que encaja con la declaración de la ONU en 2011, que reconoció el acceso a internet como un derecho fundamental, y con la Unión Europea, que en 2017 incluyó el acceso a servicios digitales esenciales entre los derechos sociales básicos.
