El Gobierno central ha lanzado un duro reproche a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid por su inacción frente al crecimiento descontrolado de los pisos turísticos ilegales. Tras detectar más de 53.000 viviendas que operan al margen de la normativa en toda España, el Ministerio de Vivienda ha enviado cartas a las comunidades autónomas, a quienes recuerda que son las responsables de inspeccionar, sancionar y cerrar estos alojamientos ilegales.
En el foco, especialmente, la capital. La Comunidad de Madrid se encuentra en el centro de la polémica. Según el Registro Estatal de Alquileres, desde su puesta en marcha el pasado julio, solo 3.513 viviendas en la región han solicitado el código obligatorio para operar legalmente en plataformas digitales. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística estima que hay más de 18.500 pisos turísticos activos en la región.
El Ministerio advierte de la situación en una carta remitida al consejero madrileño de Vivienda, Jorge Rodrigo. El documento también denuncia una segunda anomalía: el uso fraudulento de licencias de alquiler de temporada, que representan el 83% de los registros en la comunidad, frente a un escaso 16,79% de registros turísticos.
El Gobierno reclama a la Comunidad de Madrid que intensifique urgentemente sus labores de inspección y control.
MADRID, EPICENTRO DEL PROBLEMA
La crítica del Gobierno también se dirige al Ayuntamiento de Madrid, al que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 acusa de mirar hacia otro lado. Tal y como ha reconocido el propio consistorio, existen al menos 15.000 alojamientos turísticos sin licencia operando en la ciudad. Desde el Ministerio de Consumo se entregó recientemente un archivo con ubicaciones exactas y datos de contacto de los propietarios de muchos de estos alojamientos.
El ministro Pablo Bustinduy ha instado al Ayuntamiento a seguir el ejemplo de ciudades como Barcelona, que ha logrado eliminar miles de anuncios ilegales y recuperar viviendas para el alquiler residencial.
LEY BLOQUEADA POR EL PP
Los reproches del Ejecutivo se enmarcan en un contexto más amplio: dos años después de la aprobación de la Ley de Vivienda, su implementación es extremadamente desigual. Mientras comunidades como Cataluña, Euskadi o Navarra han declarado zonas tensionadas para limitar precios, otras, como Madrid, Andalucía o Galicia —todas gobernadas por el PP— se niegan a aplicar las medidas más importantes de la ley.
En concreto, la Comunidad de Madrid no ha declarado ni una sola zona tensionada, una herramienta clave para controlar el precio del alquiler en áreas con presión inmobiliaria. Desde el PP, califican la ley de «intervencionista» e «ineficaz», y apuestan por medidas alternativas como incentivos fiscales a propietarios o liberalización del suelo.
El Ministerio de Vivienda lamenta este bloqueo, que ha dejado a millones de ciudadanos sin acceso a las medidas de protección previstas en la norma. «El Partido Popular quiere volver al modelo que provocó la burbuja inmobiliaria de los años 2000», dicen fuentes socialistas.
ESPAÑA Y VIVIENDA
En España, la crisis de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y económicas del país. Según datos del Banco de España, existe un déficit estimado de alrededor de 700.000 viviendas, lo que significa que la oferta actual no cubre adecuadamente la demanda, especialmente en núcleos urbanos y áreas de gran atractivo turístico.
A este problema estructural se suma otro factor clave: el escaso parque de vivienda pública en alquiler. España cuenta con una de las tasas más bajas de Europa en este ámbito, muy por debajo de la media comunitaria, lo que limita gravemente el acceso a alquileres asequibles para sectores vulnerables de la población, como jóvenes, familias con rentas bajas o personas mayores.
Además, la situación se ve agravada por la proliferación de pisos turísticos ilegales y viviendas que permanecen vacías durante largos periodos. Estos inmuebles, que podrían destinarse al alquiler residencial, son retirados del mercado tradicional debido a su uso como alojamiento turístico, muchas veces sin regulación adecuada.
Esta tendencia se ha intensificado en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, así como en zonas costeras con fuerte presión turística, elevando los precios y reduciendo la oferta de alquiler disponible.
