Mientras los precios del alquiler siguen disparados y el acceso a una vivienda digna se convierte en un sueño inalcanzable para millones de ciudadanos, el Partido Popular (PP) ha decidido centrar su respuesta a la crisis de vivienda en la liberalización del suelo.
Tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía, sus dos principales bastiones de poder autonómico, los gobiernos regionales avanzan en nuevas leyes que, aunque vendidas como soluciones, reinciden en modelos que ya demostraron su fracaso en el pasado.
En Madrid, donde se crean 30.000 nuevos hogares al año, el Gobierno regional admite que el suelo disponible podría agotarse en una década si no se actúa. La respuesta: un nuevo Plan Territorial de Vivienda y una Ley del Suelo que, según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, simplificará la normativa urbanística y agilizará los plazos para facilitar nuevos desarrollos.
En Andalucía, Juanma Moreno ha presentado su propia Ley de Vivienda bajo el argumento de que «llegamos tarde» a un problema que arrastramos desde hace más de 15 años. El diagnóstico es compartido: faltan entre 150.000 y 200.000 viviendas y el acceso a una vivienda digna es ya una excepción y no la norma.
Pero el enfoque del PP ante esta crisis es, una vez más, ideológico: renuncia a la intervención pública en el mercado y se refugia en recetas que priorizan la oferta a través del aumento de suelo urbanizable, beneficios fiscales y menor regulación.
Lo que no hay es voluntad de aplicar herramientas de control que permitirían proteger directamente a los ciudadanos, como la declaración de zonas tensionadas incluida en la Ley estatal de Vivienda.
RECHAZO A LA LEY DE VIVIENDA ESTATAL
Han pasado ya más de dos años desde la aprobación de la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de coalición progresista, cuyo eje central es precisamente la posibilidad de intervenir el mercado del alquiler en aquellas zonas donde la presión es insostenible.
Sin embargo, 13 de las 17 comunidades autónomas han rechazado aplicar uno de sus instrumentos clave: la declaración de zonas tensionadas. La mayoría de estas regiones están gobernadas por el PP, que ha mostrado un rechazo frontal a la ley desde su nacimiento.
Esta negativa ha impedido que millones de ciudadanos puedan beneficiarse de medidas como la limitación de precios del alquiler, a pesar de vivir en territorios con incrementos desorbitados. Frente a esta situación, las políticas autonómicas del PP parecen más dirigidas a contentar a los promotores inmobiliarios que a proteger a los inquilinos.
MADRID
La Comunidad de Madrid insiste en su receta habitual: liberalización, más suelo y colaboración público-privada. La nueva Ley del Suelo pretende reducir los plazos de aprobación urbanística de hasta 12 años a entre 4 y 6. La medida más significativa es la posibilidad de incrementar un 10% la edificabilidad y un 20% la densidad en viviendas protegidas sin modificar el planeamiento urbanístico. Se calcula que esto permitirá sumar 15.000 nuevas viviendas asequibles en cuatro años.
No obstante, estas cifras palidecen ante los datos reales: solo 21 de los 179 ayuntamientos tienen actualizado su Plan General de Ordenación Urbana, y buena parte de las viviendas protegidas previstas quedan fuera del alcance de quienes más lo necesitan, debido a los altos precios incluso en este segmento.
El Plan Vive, que prevé 14.000 viviendas en alquiler asequible, ha entregado apenas 5.000. Y aunque se han reforzado medidas como el programa Mi Primera Vivienda —que ahora cubre hasta el 100% de la hipoteca incluso en obra nueva—, siguen siendo soluciones que dependen del endeudamiento privado, no del fortalecimiento del parque público.
ANDALUCÍA
En Andalucía, Juanma Moreno ha presentado su anteproyecto de Ley de Vivienda con una narrativa similar: liberar suelo, cambiar el uso de suelos terciarios para vivienda y crear una bolsa pública de suelo. El objetivo es ambicioso: construir 20.000 viviendas de protección oficial en cinco años. Sin embargo, esta apuesta llega tarde y en un contexto de mercado ya tensionado.
Tras más de una década sin políticas estructurales, la promoción de vivienda protegida se ha cuadruplicado… partiendo de cifras muy bajas. Además, la Junta insiste en que el problema es el intervencionismo del Gobierno central, cuando son sus propios gobiernos los que han contenido la oferta pública durante años y renunciado a aplicar medidas regulatorias clave.
SIN PROTECCIÓN
Ni Madrid ni Andalucía han querido aplicar medidas de control de precios o protección al inquilino. En su lugar, apuestan por el aumento de oferta bajo premisas de mercado, con incentivos a promotores privados y cesión de suelo en concesión. Mientras tanto, comunidades como Cataluña, País Vasco o Navarra sí han aplicado la ley estatal y están empezando a intervenir allí donde los precios del alquiler se han vuelto prohibitivos.
La crisis de la vivienda no es solo un problema de escasez de suelo o de lentitud administrativa. Es, sobre todo, un problema de desigualdad y falta de voluntad política para intervenir donde el mercado falla. Las políticas del PP, centradas en la oferta y desregulación, pueden aumentar la construcción, pero difícilmente garantizarán el derecho a la vivienda si no van acompañadas de control público, parque social y protección efectiva.
