Urbas se enfrenta a una de las situaciones más difíciles de su historia. La constructora e inmobiliaria española, conocida por su participación en la promoción de viviendas y la gestión de suelos y alquileres a través de marcas como AdHome, CHR y Jaureguizar, ha presentado un concurso voluntario de acreedores ante un juzgado de Madrid.
Esta decisión llega tras meses de disputas con los acreedores y un complejo proceso de reestructuración financiera. La compañía presidida por Juan Antonio Acedo, que llegó a estar en conversaciones para adquirir los activos de la fallida Abengoa, se ha visto envuelta en un grave agujero financiero, con una deuda cercana a los 400 millones de euros.
La cotización de Urbas en bolsa ha estado suspendida desde abril, justo antes de que comenzaran las conversaciones con los acreedores. Además, la empresa ha tenido dificultades para auditar sus cuentas y ha registrado pérdidas importantes, como se refleja en el último informe presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que se destacaba que la deuda financiera de la compañía superaba los 200 millones de euros.
PLAN
En julio, con el apoyo de la firma Álvarez & Marsal, Urbas presentó un plan de reestructuración que no incluía quitas y que obtuvo la aprobación del 76,8% de los acreedores. Este plan fue respaldado por 53 entidades, lo que parecía ofrecer una solución viable para superar la crisis financiera que afectaba a la empresa.
Sin embargo, las diferencias con algunos acreedores han complicado la situación. Uno de los principales obstáculos ha sido la firma Roundshield, que posee una deuda que Urbas describe como un «crédito contingente litigioso de dudoso origen y difícil cristalización».
Este acreedor, junto con su consultora FTI, se ha negado a emitir el certificado de mayorías que se requería para solicitar la homologación judicial del plan de reestructuración. Además, Roundshield vendió el 60% de su deuda a Harrison Street Asset Management, una filial de Colliers International Group, lo que complicó aún más las negociaciones.
Por si fuera poco, el jueves pasado se presentó en el juzgado un plan alternativo de reestructuración por parte de otro de los acreedores. Ante la falta de acuerdo y la proximidad del vencimiento de los plazos legales, la empresa ha visto obligada a presentar el concurso voluntario de acreedores de manera preventiva.
PROBLEMAS
Las pérdidas netas consolidadas de Urbas para 2024 ascendieron a 137,1 millones de euros, un fuerte contraste con las ganancias de 14,6 millones de euros registradas en 2023. Esta drástica caída del resultado refleja la complejidad de la crisis financiera que enfrenta la compañía. El panorama de Urbas se ha visto complicado también por la salida de consejeros y directivos, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre la gestión interna de la empresa.
Además, las cuentas de Urbas no han sido auditadas, lo que dificulta una valoración clara y precisa de la situación financiera de la empresa. Con una deuda de alrededor de 400 millones de euros y la falta de acuerdo con algunos acreedores clave, Urbas se enfrenta a un futuro incierto. Si no se alcanza un acuerdo en las próximas semanas, se nombrará un administrador concursal que asumirá la gestión de los activos de la empresa.
Mientras Urbas lucha por resolver su situación, su filial Murias, dedicada a la construcción en el País Vasco, presentó el pasado año su propio plan de viabilidad tras encontrarse en dificultades. Este plan garantiza el pago del 100% de la deuda de la filial y asegura la continuidad del negocio, protegiendo tanto a los acreedores como a los empleados.
EL MAYOR CONCURSO DEL AÑO
El concurso de acreedores presentado por Urbas podría convertirse en el mayor caso de reestructuración empresarial en España en lo que va de año. Si bien la empresa ha logrado el apoyo de una mayoría de sus acreedores, la negativa de algunos de ellos a aceptar el plan de reestructuración y la aparición de propuestas alternativas podrían alargar aún más el proceso.
El concurso de acreedores no solo tiene implicaciones económicas para Urbas, sino también para los más de 700 empleados que trabajan en la compañía. La incertidumbre sobre el futuro de la empresa afecta tanto a los trabajadores como a los acreedores, que temen no recuperar la totalidad de sus créditos.
