España atraviesa una de las crisis de vivienda más graves del último medio siglo. Los precios del alquiler y la compra se han disparado, especialmente en las grandes ciudades y zonas costeras, donde ya no hablamos de un mercado tensionado, sino de auténticos guetos de exclusión para los jóvenes, las familias con ingresos medios y, por supuesto, las personas en situación de vulnerabilidad.
La vivienda se ha convertido en un bien de lujo, y lo peor es que la respuesta política sigue siendo insuficiente, incoherente o directamente inexistente. Este es el nuevo plan del Gobierno para atajar la grave crisis de vivienda que atraviesa nuestro país.
Podemos atina al denunciar que el Gobierno destina 10.471 millones extra de gasto para el «plan de rearme» y en vivienda han gastado 7.000 millones en 5 años, aunque les faltó añadir que en 3 de esos años ellos formaban parte del Gobierno y tampoco hicieron demasiado ruido.

Sea como fuere, el PSOE no apuesta con valentía por la vivienda y el PP cree de forma suicida que la ley de la oferta y demanda va a solventar la crisis. Por un lado, un Gobierno que anuncia con cierta pomposidad un «nuevo plan» mientras los números reales de inversión en vivienda revelan una prioridad baja o, como mucho, simbólica. Por otro lado, una derecha que sigue atrapada en un dogma de mercado absolutamente ineficaz para enfrentar un problema que ya no es solo económico, sino estructural y social.
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El reciente anuncio del Gobierno sobre un plan para facilitar el acceso a la vivienda parece más un intento de contrarrestar el descontento creciente que una política transformadora. Se habla de avales, de ayudas para jóvenes, de construcción de vivienda pública… pero sin una dotación presupuestaria significativa, sin una reforma real del suelo, sin una autoridad estatal de vivienda con competencias fuertes y sin un plan integral de rehabilitación y movilización del parque vacío, el plan se queda en titulares. 7.000 millones en cinco años son, en términos comparativos, una cantidad irrisoria.
Más allá del debate sobre seguridad y defensa, la comparación es reveladora: en un país donde miles de personas viven con el miedo al desahucio o pagan más del 50% de su salario en alquiler, la vivienda no ha recibido un trato proporcional al tamaño del problema. El PP En el otro extremo, el Partido Popular continúa aferrado a una visión liberal que ha demostrado ser ineficaz.
La idea de que el mercado corregirá por sí solo los precios si se libera suelo o se reducen impuestos a los promotores ha chocado de frente con la realidad. Durante sus años de gobierno en autonomías como Madrid, Baleares o Andalucía, se ha comprobado que una política de desregulación solo ha servido para atraer inversión especulativa y alimentar el fenómeno de la turistificación.
Apostar exclusivamente por la ley de la oferta y la demanda en un contexto donde la demanda está impulsada por grandes fondos de inversión, plataformas de alquiler turístico y por la falta de alternativas públicas, es no solo ingenuo, sino suicida, como bien apunta la frase inicial. El mercado no construye vivienda asequible si no hay incentivos o regulaciones que lo orienten. El mercado busca rentabilidad, no justicia social.
LA VIVIENDA COMO DERECHO
El debate de fondo es ideológico y estructural. ¿Queremos que la vivienda siga siendo un activo financiero o estamos dispuestos a tratarla como lo que realmente es: un derecho fundamental? En Europa, muchos países han reaccionado con mayor decisión. Viena, por ejemplo, tiene un 60% de vivienda pública o cooperativa.
En Alemania, ciudades como Berlín han congelado alquileres y han empezado a expropiar pisos a grandes tenedores. En España, el parque de vivienda pública apenas llega al 3%, y miles de pisos vacíos siguen sin movilizarse. No se trata solo de dinero, aunque también.
Se trata de visión. De coraje político. De voluntad de confrontar intereses económicos que se benefician del actual caos. Ni el PSOE, atrapado entre la moderación y la falta de convicción, ni el PP, prisionero de su dogma económico, parecen dispuestos a liderar ese cambio.