La entidad financiera BBVA ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la condición impuesta por el Gobierno para autorizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el Banco Sabadell. La entidad bancaria impugna la exigencia del Ejecutivo de mantener ambos bancos separados durante al menos tres años, un plazo que podría extenderse a cinco.
Según fuentes de la entidad que confirmaron la noticia a Europa Press, el recurso fue formalizado el 15 de julio, apenas tres semanas después de que el Gobierno anunciara la controvertida condición. La decisión del Ejecutivo, hecha pública en junio, buscaba asegurar la competencia en el sector financiero y proteger a los consumidores.
El recurso, presentado el 15 de julio, no busca detener la OPA en sí misma, sino desmantelar la principal barrera impuesta por el Ministerio de Economía para su aprobación. La condición de la separación de tres años, ampliable a cinco, fue justificada por el Gobierno como una medida para garantizar la competencia en el sector financiero y proteger a los consumidores, evitando una concentración excesiva que pudiera reducir la oferta de servicios y encarecer las tarifas.
LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE BBVA
La OPA de BBVA sobre Sabadell ha sido uno de los movimientos más significativos en el panorama financiero español de los últimos años, y este nuevo giro judicial abre un nuevo frente de batalla en el proceso de fusión. La resolución del Supremo será clave para el futuro de la operación y podría sentar un precedente importante para futuras consolidaciones bancarias en España.
El argumento central de BBVA se centra en una presunta invasión de competencias. La entidad sostiene que la imposición de condiciones que afectan a la competencia del mercado es una potestad exclusiva de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El banco argumenta que el Gobierno ha traspasado una línea roja, arrogándose una función que no le corresponde legalmente.
BBVA BUSCA RECUPERAR LA LÓGICA FINANCIERA DE LA OPA
Sin ir más lejos, el recurso subraya que, si bien el Ejecutivo tiene la facultad de autorizar la operación, no puede imponer de manera unilateral condiciones que alteran el modelo de negocio y las sinergias esperadas, especialmente cuando la CNMC ya ha sido activada para analizar el impacto de la OPA.
Más allá del debate legal, el recurso también se basa en la viabilidad económica de la operación. Las sinergias, valoradas por BBVA en aproximadamente 850 millones de euros anuales, son la justificación principal de la compra. Gran parte de estos ahorros provendrían de la integración de plataformas tecnológicas, la optimización de oficinas y la consolidación de servicios centrales, procesos que la condición del Gobierno prohíbe explícitamente durante varios años.
La resolución del Tribunal Supremo será, por lo tanto, clave para el futuro de la operación y sentará un precedente de enorme importancia. Si el tribunal falla a favor de BBVA, la condición del Gobierno quedaría anulada, liberando a la entidad para proceder con la integración una vez que el resto de las autorizaciones regulatorias (CNMV, BCE, CNMC) se obtengan.
Asimismo, esto daría a BBVA una ventaja decisiva y permitiría avanzar en la fusión sin las restricciones que harían la operación mucho menos rentable. Si, por el contrario, el Supremo valida la postura del Gobierno, BBVA se enfrentaría a una difícil decisión: seguir adelante con una OPA que ha perdido gran parte de su atractivo financiero o retirarla, asumiendo las consecuencias reputacionales y económicas.
