La okupación en España se ha convertido en una mina de oro. No tanto por su incidencia real, que es mínima, sino por el relato que se ha construido alrededor de ella. Empresas de seguridad, aseguradoras, plataformas de desalojo extrajudicial y partidos políticos han encontrado en el miedo al ‘okupa’ una oportunidad de negocio y poder.
Mientras los datos oficiales muestran que apenas el 0,06% del parque de viviendas sufre algún tipo de denuncia por ocupación, y solo el 7% de estas afecta a viviendas habitadas, la percepción social va por otro lado.
Más del 70% de los nuevos seguros de hogar incluyen ya cobertura anti-okupas. Y no es casualidad. En 2023 España era el país número 21 de Europa con más ocupaciones. Y, sin embargo, era el segundo estado más preocupado por ellas.
DATOS
España cuenta con unos 27 millones de viviendas, y, según el Ministerio del Interior, en 2024 se presentaron 16.400 denuncias por allanamiento o usurpación. De estas, solo 2.309 correspondían a viviendas habitadas o segundas residencias, lo que desmonta la idea de que las familias están siendo expulsadas masivamente de sus casas por mafias organizadas.
Sin embargo, esa imagen sigue alimentando audiencias y bolsillos. Solo 218 condenas firmes por allanamiento de morada fueron dictadas en todo el país durante 2023, según el INE. Cifra insignificante. Pero si uno encadena una hora de televisión matinal (esa que no habla de los problema del acceso a la vivienda o de la fiebre de pisos turísticos sin licencia) o se deja caer por las redes sociales, podría pensar que España vive una epidemia.
NEGOCIO GRACIAS AL MIEDO
Este clima de alarma ha dado lugar a un mercado multimillonario en torno a la ‘protección frente a la okupación’. Prosegur, una de las mayores compañías de seguridad del país y aliada comercial de Movistar, ha intensificado en los últimos años sus campañas centradas en el miedo a perder la casa.
Sistemas de vigilancia, alarmas, sensores de movimiento y hasta servicios legales: todo un catálogo orientado a combatir una amenaza estadísticamente improbable. Por su parte, Línea Directa afirma que el 70% de los seguros de hogar que venden incluyen ya una cláusula anti-okupas.
Aun así, ninguna empresa simboliza mejor esta deriva que Desokupa, la polémica empresa se ha especializado en lo que ellos llaman como «negociar» desahucios extrajudiciales. Su modus operandi, presión que navega en una línea muy fina con la legalidad, ha sido denunciado por plataformas de derechos humanos. Sin embargo, Desokupa se ha convertido en referente para determinados sectores que exigen mano dura.
TELEVISIÓN
El miedo vende, y no solo alarmas. Los magazines de mañana se alimentan del relato del ‘pobre jubilado’ que vuelve de vacaciones y encuentra su casa ocupada. Al calor de esta cobertura mediática, partidos como Vox han construido parte de su discurso electoral en torno al concepto del ‘okupa profesional’, que los hay.
Sin embargo, los datos judiciales reflejan otra realidad: la mayoría de personas que okupan lo hacen por necesidad. Son familias vulnerables, jóvenes sin recursos, mujeres que han huido de situaciones de violencia, o parados que no pueden pagar un alquiler.
LA PENÍNSULA DE LAS CASAS VACÍAS
El contraste es brutal: existen más de cuatro millones de viviendas vacías en España, mientras cientos de miles de personas no tienen acceso a una vivienda digna. La mayoría de esas casas no están en manos de pequeños propietarios, sino de bancos, fondos buitre o grandes tenedores. Y aun así, las medidas y el foco mediático se dirigen al ‘okupa’, no al problema de fondo: el acceso a la vivienda.
Los desahucios por impago de alquiler siguen siendo mucho más frecuentes: más de 20.500 en el último año, según el CGPJ. Pero este dato no ocupa el prime time ni genera clics como lo hace una cámara escondida en una casa supuestamente ocupada.
El proceso judicial para recuperar una vivienda en España es lento, sobre todo cuando hay personas vulnerables implicadas. Pero eso no significa que no haya herramientas legales. De hecho, muchos casos se resuelven sin necesidad de juicio. En 2023 hubo casi 26.000 acuerdos extrajudiciales entre propietarios e inquilinos. La vía penal, más lenta y compleja, es muchas veces la menos utilizada.
Los jueces insisten en que hay que distinguir entre quien no puede pagar y quien no quiere hacerlo. Pero esa diferenciación se diluye en los discursos simplistas. La ley contempla medidas para proteger tanto el derecho de propiedad como el principio constitucional de acceso a la vivienda. El problema es que este equilibrio no da titulares.
