La DGT lleva años luchando contra una de las estafas más extendidas y dañinas del mercado de segunda mano: la manipulación del cuentakilómetros. Lo que popularmente se conoce como «afeitar kilómetros» no es una picaresca menor, sino un fraude en toda regla que, según investigaciones del sector, podría afectar a casi uno de cada cuatro vehículos de ocasión con una antigüedad de entre tres y cinco años. Este engaño deliberado no solo supone un grave perjuicio económico para el comprador, sino que también entraña serios riesgos para la seguridad vial, al adquirir un coche con un desgaste real muy superior al que marcan sus indicadores.
La compra de un coche usado es un momento de ilusión para muchas familias, pero también de incertidumbre. La confianza en el vendedor es clave, y es precisamente ahí donde los estafadores encuentran su caldo de cultivo. La tentación de rebajar 50.000, 100.000 o incluso más kilómetros del odómetro es demasiado grande para quienes buscan un beneficio rápido y fácil, convirtiendo una aparente ganga en una futura ruina mecánica y económica para el comprador desprevenido. Por ello, conocer las trampas y, sobre todo, los perfiles de vehículos más susceptibles a esta manipulación, es la mejor defensa que puede tener el consumidor.
5LA LEY CONTRA LOS TRAMPOSOS: QUÉ HACER SI YA HAS CAÍDO EN LA TRAMPA
Si, a pesar de todo, descubrimos que hemos sido víctimas de esta estafa después de haber comprado el coche, es importante saber que no estamos desprotegidos. La manipulación del cuentakilómetros con el fin de obtener un beneficio económico en una venta es un delito. Concretamente, la manipulación del cuentakilómetros está tipificada en el Código Penal como un delito de estafa, castigado con penas de prisión que pueden ir de los seis meses a los tres años. El problema suele radicar en demostrar quién fue el autor material de la manipulación, pero la responsabilidad recae sobre el vendedor que nos ha transmitido el vehículo.
El primer paso es recopilar todas las pruebas posibles: el anuncio de venta, el contrato, las conversaciones y, por supuesto, el informe de la DGT y un informe pericial de un taller que certifique la manipulación. Con todo ello, se debe presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Paralelamente, se puede recurrir a la vía civil. La víctima tiene derecho a iniciar un procedimiento legal para solicitar la anulación del contrato de compraventa o una rebaja sustancial del precio pagado, en función del perjuicio causado. Es un proceso largo, pero es la única forma de luchar contra una lacra que mancha la confianza en el mercado de ocasión.
