La multa que nadie espera es, paradójicamente, una de las más comunes en las nuevas autopistas de nuestro entorno, una sanción que llega sin previo aviso y meses después de la supuesta infracción. Hablamos de los peajes ‘free flow’ o de flujo libre, esos pórticos modernos que han eliminado las tradicionales barreras y cabinas de pago, prometiendo un viaje más rápido y sin interrupciones. Sin embargo, bajo esta apariencia de eficiencia y modernidad se esconde una compleja maquinaria administrativa que puede pillar desprevenido al conductor más diligente, una comodidad que puede transformarse en una auténtica pesadilla económica si no se conocen sus reglas. La ausencia de un pago inmediato y visible crea una falsa sensación de gratuidad que acaba pasando factura.
El problema fundamental radica en el completo desconocimiento que tiene la mayoría de los usuarios sobre su funcionamiento y, sobre todo, sobre las consecuencias de no actuar a tiempo. Muchos conductores atraviesan estos arcos tecnológicos pensando que el sistema es automático o que ya se les cobrará de alguna manera, sin ser conscientes de que la responsabilidad del pago recae enteramente sobre ellos. El resultado es un silencio que se prolonga durante semanas o incluso meses, hasta que un día aparece una notificación en el buzón. Para entonces, la sensación de indefensión que genera en el conductor es total, al enfrentarse a una sanción por algo que ni siquiera recordaba haber hecho.
4DE UNOS EUROS A CIENTOS: LA ESCALADA ECONÓMICA DE UN DESPISTE
El impacto económico de estas sanciones es, sin duda, el aspecto más doloroso para los conductores. Un peaje que podría haber costado apenas tres o cuatro euros se transforma en una reclamación mucho mayor. La normativa suele establecer una penalización que multiplica varias veces el importe original, a lo que se suman los gastos de gestión y los recargos por el retraso. El resultado es una multa desproporcionada que puede sentirse como un auténtico abuso por parte del afectado, que no percibe una correspondencia entre el «delito» (un olvido) y el «castigo» (la sanción económica).
Pero la escalada no termina ahí. Si la sanción inicial no se abona, el expediente pasa a la siguiente fase: la vía de apremio. En este punto, la deuda ya no es con la concesionaria, sino con la administración pública, generalmente la Agencia Tributaria. Esto significa que la deuda puede ser embargada directamente de la nómina o de la cuenta bancaria del infractor. Así, la deuda pasa a ser gestionada por la Agencia Tributaria, que puede proceder a su embargo directamente de la cuenta bancaria, transformando lo que era un simple peaje en un grave problema fiscal. Esta es la consecuencia final y más severa de la ‘multa en diferido’.
