El debate sobre el acceso a la vivienda en España sigue generando fricciones en el seno del Ejecutivo de coalición. Podemos mantiene su presión parlamentaria para endurecer las condiciones legales que afectan a los grandes tenedores inmobiliarios.
Sin embargo, el Gobierno, liderado por el PSOE, se resiste a respaldar algunas de las propuestas estrella del grupo morado, en especial aquella que pretende obligar a los grandes propietarios a destinar el 50% de sus viviendas al alquiler social.
La propuesta de Podemos llega en un contexto de tensión creciente entre los socios de investidura y de presión social por el encarecimiento del alquiler. El grupo parlamentario morado considera que la nueva Ley de Vivienda, aprobada en 2023 tras un largo proceso de negociación, se ha quedado corta en su capacidad de contener los precios y garantizar el acceso a un hogar digno.
En este sentido, insisten en que el foco debe ponerse en los grandes tenedores, a quienes responsabilizan en parte de la especulación inmobiliaria.
GRANDES TENEDORES
La nueva Ley de Vivienda define como ‘gran tenedor’ a toda persona física o jurídica que posea más de 10 viviendas urbanas, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados de uso residencial.
Esta categoría se ha convertido en el centro de muchas de las medidas más controvertidas en la regulación del mercado del alquiler. Para Podemos, este umbral justifica la intervención pública más ambiciosa. Entre sus propuestas figura la obligación de que los grandes propietarios destinen al menos la mitad de su parque inmobiliario al alquiler social en zonas declaradas tensionadas.
A juicio del grupo liderado por Ione Belarra, esta medida contribuiría a aumentar la oferta de viviendas asequibles y reduciría la dependencia de los programas públicos de ayuda al alquiler, que, según denuncian, terminan beneficiando indirectamente a los mismos grandes tenedores.
RECHAZO SOCIALISTA
Desde el ala socialista del Gobierno, sin embargo, estas propuestas no han encontrado eco. Alegan, sin demasiado convencimiento, que la ley ya establece herramientas suficientes para declarar zonas tensionadas (esas que no son declaradas en la ‘zona nacional’ por decisión del Partido Popular), intervenir los precios del alquiler y fomentar la movilización de viviendas vacías, sin necesidad de recurrir a medidas más coercitivas.
El distanciamiento entre las posiciones de Podemos y el PSOE refleja también una divergencia de diagnóstico. Mientras que los morados insisten en que el problema reside en la concentración de la propiedad inmobiliaria en pocas manos, el Gobierno prefiere centrarse en los incentivos a los pequeños propietarios para que saquen viviendas al mercado, especialmente en régimen de alquiler asequible.
LOS GRANDES PROPIETARIOS
La propuesta de Podemos afecta de lleno a algunos de los mayores propietarios privados del país. Según datos recopilados por Civio en 2024, Caixabank y el fondo estadounidense Blackstone se sitúan a la cabeza del mercado de alquiler residencial en España, con decenas de miles de inmuebles gestionados a través de distintas sociedades. Caixabank, a través de sus filiales inmobiliarias, suma casi 22.000 viviendas alquiladas con fianza depositada, lo que lo convierte en el mayor casero privado de comunidades como Andalucía, con cerca de 7.500 contratos activos; Cataluña, más de 5.000 viviendas; o la Comunidad Valenciana, con 2.671.
Por su parte, Blackstone opera en España a través de 27 filiales diferentes, con un parque de aproximadamente 19.600 viviendas en alquiler. De estas, unas 13.000 se concentran en la Comunidad de Madrid, donde es el mayor arrendador privado. Su modelo de negocio, centrado en la compra de activos residenciales tras la crisis financiera de 2008 y su posterior puesta en alquiler, ha sido objeto de críticas por parte de plataformas de vivienda y partidos de izquierda, que lo acusan de contribuir a la gentrificación y a la subida de precios en barrios vulnerables.
PRESIÓN
La negativa del Ejecutivo a respaldar las propuestas de Podemos no ha impedido que el grupo siga impulsando iniciativas legislativas en el Congreso. La exigencia del 50% de parque para alquiler social forma parte de un paquete más amplio de medidas con el que los morados buscan marcar perfil propio en un momento en que su peso institucional ha disminuido, pero aún conservan representación parlamentaria.
La cuestión de la vivienda, además, se perfila como uno de los ejes del debate político en el segundo semestre de 2025.
EN EL CENTRO DEL TABLERO
El pulso entre Podemos y el Gobierno sobre los grandes tenedores refleja un problema estructural que sigue sin resolverse: la escasa presencia de vivienda pública en el parque inmobiliario español. En comparación con otros países europeos, España mantiene una de las tasas más bajas de vivienda social disponible, lo que deja al mercado privado como actor dominante en la fijación de precios y condiciones de acceso.
La presión sobre los grandes tenedores, lejos de amainar, seguirá siendo uno de los temas centrales en el debate político y legislativo en los próximos meses. Mientras el Gobierno apuesta por medidas graduales e incentivos, Podemos continuará reclamando una intervención más directa que fuerce a los grandes propietarios a asumir responsabilidades en un contexto de emergencia habitacional creciente.
