La consolidación del teletrabajo, especialmente tras la pandemia, ha dejado un paisaje urbano en transformación: oficinas vacías, despachos cerrados y locales comerciales sin uso, tanto en grandes rascacielos como a pie de calle. Esta realidad, visible en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, está dando lugar a una tendencia creciente: la reconversión de estos espacios en viviendas.
Una solución que, si bien responde a ciertos desequilibrios del mercado inmobiliario, plantea también interrogantes sobre el modelo de ciudad que se está construyendo. Según datos de la consultora inmobiliaria CBRE, en 2024 se registraron en España más de 70 proyectos de cambio de uso de locales comerciales a viviendas. De ellos, el 60% correspondían a antiguas oficinas.
El fenómeno se concentra especialmente en el centro de Madrid, donde ocho de cada diez operaciones de este tipo se localizaron. La explicación es clara: la demanda de vivienda en estas zonas sigue muy por encima de la oferta, mientras que muchos espacios de oficina han quedado obsoletos ante el auge del trabajo remoto.
A primera vista, la solución parece sensata: aprovechar lo ya construido en lugar de extender la ciudad hacia la periferia. Pero el ritmo acelerado de estos cambios y la falta de una planificación urbana integral están generando dudas. No todos los espacios que fueron diseñados para el trabajo pueden convertirse fácilmente en lugares habitables. Alturas de techos inadecuadas, falta de ventilación o de luz natural, accesos poco apropiados y escasa eficiencia energética son solo algunos de los obstáculos frecuentes en estas reconversiones.
Además, estas viviendas no siempre responden al ideal de hogar digno. Muchas veces se trata de espacios reducidos, con divisiones mínimas, ubicados en bajos o entreplantas sin privacidad ni zonas verdes, y en ocasiones sin las condiciones necesarias para una vida cómoda. Esto puede generar una nueva forma de precariedad habitacional, en la que la vivienda se reduce a una función puramente funcional, adaptada más a las urgencias del mercado que a las necesidades de las personas.
El cambio de uso tampoco está exento de tensiones sociales. La conversión de oficinas en viviendas puede contribuir a encarecer todavía más ciertas zonas urbanas, atrayendo inversores y dificultando el acceso a la vivienda para los residentes habituales.
En lugar de resolver la falta de oferta, este fenómeno podría estar desplazando el problema, sustituyendo espacios de actividad económica por alojamientos de corta estancia o de alquiler intensivo, sin responder necesariamente a las necesidades de vivienda permanente.
LA COMUNIDAD DE MADRID APUESTA POR LOS CAMBIOS
Pese a ello, las administraciones están empezando a facilitar estos procesos. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha aprobado normativas que simplifican el cambio de uso de oficinas a viviendas destinadas al alquiler asequible. Solo en el primer año de aplicación se han aprobado más de 1.500 nuevas unidades residenciales.
Pero esta agilización normativa también ha encendido alertas: algunos urbanistas y colectivos vecinales temen que se esté priorizando el volumen de unidades frente a la calidad urbanística y el bienestar ciudadano. Es cierto que la ciudad debe adaptarse a los cambios sociales y económicos. Ya no vivimos ni trabajamos como hace veinte años, y es lógico que los espacios también evolucionen.
Sin embargo, esa adaptación no debería hacerse a costa de una pérdida de calidad de vida, de una reducción del espacio público o de una homogeneización de las zonas urbanas en función de su rentabilidad.
La reconversión de oficinas en viviendas puede tener un papel útil en la regeneración urbana, pero solo si se enmarca en una estrategia más amplia, que garantice estándares mínimos de habitabilidad, preserve la diversidad de usos en los barrios y no responda únicamente a intereses especulativos.
