Dos de los referentes energéticos del país y dueños de la mayor parte del parque nuclear nacional, Endesa e Iberdrola, han abierto sendos frentes contra la fiscalidad impuesta por el Gobierno a la energía atómica. La primera ya ha acudido a los tribunales, mientras que la segunda -de momento- ha optado por la vía administrativa, pero en ambos casos el reclamo está claro: casi 800 millones, en conjunto, por los perjuicios sufridos a consecuencia de la ‘tasa Enresa’.
LA ‘TASA ENRESA’, UN TORMENTO PARA LAS NUCLEARES
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) es la compañía de titularidad pública encargada de gestionar la ‘basura nuclear’ producida por las centrales de fisión que aún operan en nuestro país. Esta entidad sufraga su actividad con los ingresos de la llamada ‘Tasa Enresa’, cobrada a los operadores de las plantas atómicas.
En junio del año pasado, y después de un carrusel de negociaciones, reestructuraciones y enfrentamientos con el sector que duró meses, el Ejecutivo tiró de ‘decretazo’ para modificar el gravamen, situándolo en 10,36 euros por megavatio hora (€ MW/h), un 30% más que los 7,98 € MW/h exigidos hasta entonces.
En su momento, Foro Nuclear, la patronal del sector, reaccionó al anuncio del aumento advirtiendo que éste, junto con la «desproporcionada, discriminatoria y asfixiante carga fiscal» que soporta el parque nuclear español, «amenaza seriamente la continuidad de la operación».
CASI 800 MILLONES EN DAÑOS Y PERJUICIOS
Iberdrola, empresa adscrita a Foro, dio la bienvenida a 2025 interponiendo ante la Justicia contencioso-administrativa una demanda por valor de 324 millones de euros. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez-Galán exige dicha cantidad en concepto de reclamación patrimonial por los perjuicios sufridos por la subida de la tasa a los residuos nucleares.
Este martes, Endesa se unió a la lucha, aunque en una trinchera diferente. Formalizó una reclamación patrimonial, pero ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), del que depende Enresa. En el caso de la compañía dirigida por José Bogas, el montante asciende a 454 millones de euros por daños y perjuicios, por lo que la cantidad total exigida en conjunto por ambas compañías alcanza los 778 ‘kilos’.
LA RECLAMACIÓN DE ENDESA DESEMBOCARÁ EN UN INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO. EN CASO DE SER RECHAZADA, A LA ELÉCTRICA SOLO LE QUEDARÍA LA VÍA JUDICIAL, A LA QUE YA HA ACUDIDO IBERDROLA
Según una información publicada el mismo día por El País, la acción de Endesa desembocará en un informe del Consejo de Estado. Si se rechaza, como es habitual, la eléctrica podría seguir el mismo camino que Iberdrola y llevar el pleito a la vía judicial.
A medida que mengua el plazo establecido por el Gobierno para la clausura total del parque nuclear de nuestro país, ambas compañías se han mostrado más activas en la defensa de sus centrales. Hace unas semanas, hicieron frente común con el envío de una carta al Ejecutivo solicitando aplazar el cierre de la actividad nuclear. La iniciativa, sin embargo, obtuvo una rotunda negativa.
EL GOBIERNO DICE QUE NO HA HABIDO CAMBIOS FISCALES
Resulta muy significativo el hecho de que Iberdrola haya acudido directamente a los tribunales para reclamar una reparación por lo que considera un menoscabo injusto en sus balances. Y es que la postura de Gobierno al respecto es monolítica, hasta el punto de negar el carácter impositivo de gravámenes como la ‘Tasa Enresa’.
En marzo, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen dijo que la energía nuclear tiene la misma carga tributaria en la actualidad que hace siete años. «Desde que llegamos al Gobierno no ha habido ningún cambio fiscal. La fiscalidad es la misma que existía en el año 2018», ha manifestado, en claro contraste con los gestores de las centrales, que se quejan de una subida del 70% en los gravámenes.
EL GOBIERNO DICE QUE LA FISCALIDAD QUE SE APLICA ACTUALMENTE A LOS GESTORES DE LAS CENTRALES ES LA MISMA QUE HACE SIETE AÑOS, PERO FORO NUCLEAR CALCULA QUE DURANTE ESE TIEMPO LA CARGA TRIBUTARIA SE HA INCREMENTADO UN 70%
Foro Nuclear lleva años denunciando que las condiciones que se están imponiendo desde Moncloa al proceso de clausura se parecen tanto a lo pactado en 2019 como un huevo a una castaña. Especialmente en el plano fiscal.
La organización estima que la carga tributaria específica soportada por el parque nuclear se ha incrementado en ese periodo un 70%, pasando de 16 euros por megavatio hora (€ MW/h) a 28 € MW/h, discriminando la generación nuclear frente a otras tecnologías y haciendo insostenible su viabilidad económica.
