sábado, 5 julio 2025

Airbnb y Booking son denunciadas por no mostrar el número de registro en alquileres 

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha presentado una denuncia formal ante la Dirección General de Consumo contra las plataformas Airbnb y Booking, las dos principales referencias en el alquiler turístico de corta duración en España.

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La denuncia se debe a un incumplimiento de la normativa vigente, específicamente en relación con la obligación de publicar en los anuncios el número de registro oficial que deben poseer las viviendas ofertadas para este tipo de arrendamientos.

El origen de esta obligación se encuentra en el real decreto que entró en vigor el pasado 23 de diciembre de 2024 y estableció un plazo hasta el 1 de julio de 2025 para que las plataformas digitales adaptaran sus sistemas a la nueva normativa.

Según este decreto, todas las plataformas en línea que ofrezcan servicios de alquiler de alojamiento de corta duración deben mostrar claramente como parte de sus anuncios el número de registro de la vivienda antes de permitir la publicación de la oferta.

Este requisito es esencial para garantizar la trazabilidad y legalidad de los alquileres turísticos, un sector que durante años ha experimentado un crecimiento descontrolado y a menudo irregular. Sin embargo, la investigación de CECU ha puesto de manifiesto que Airbnb no está cumpliendo con este mandato.

En la plataforma, muchos anuncios no muestran el número de registro, lo que ya de por sí es una violación de la ley, pero además la empresa permite que se publiquen anuncios sin ese dato obligatorio. Según la federación, esto implica que Airbnb está evadiendo su responsabilidad de verificar que los arrendadores cumplan con los requisitos legales antes de permitir la publicación de sus anuncios.

En el caso de Booking, la situación es diferente pero igualmente problemática. La plataforma sí rechaza la publicación de anuncios que no incluyen número de registro, cumpliendo aparentemente con la normativa.

Sin embargo, según el Real Decreto, para el 1 de julio de 2025 Booking debería haber implementado medidas técnicas para que cualquier anuncio sin registro sea automáticamente eliminado o no aceptado, cosa que tampoco ha sucedido completamente, según CECU.

Eloy Gutiérrez, experto en vivienda de CECU, resume así la problemática: «Las plataformas debían haberse hecho cargo de que los anuncios cumpliesen con la normativa y los consumidores tuviesen a disposición la información a fecha de aplicación. El número de registro supone un identificador que les permite corroborar que el alojamiento cumple con las normativas mínimas. Si este número no está disponible en los anuncios, esto puede llevar a las personas a contratar servicios que no cuenten con la licencia para operar, lo que conlleva una inseguridad para ellas».

Esta falta de cumplimiento no es solo un problema legal, sino que también pone en riesgo a los consumidores y agrava una crisis de acceso a la vivienda ya muy grave en España. El auge del alquiler turístico sin control ha llevado a la expulsión de residentes de barrios tradicionales y al encarecimiento desmedido de los precios de vivienda, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas.

REGISTRO ÚNICO

Con el objetivo de poner fin a esta situación caótica, el Gobierno español ha implementado una medida esperada desde hace tiempo: la creación del Registro Único de Arrendamientos para alquileres de corta duración. Esta iniciativa, que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2025, se alinea con el Reglamento (UE) 2024/1028 y busca establecer un control riguroso sobre el mercado del alquiler turístico.

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Airbnb. Foto: Europa Press.

Este registro obligatorio, junto con la creación de una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, supone un antes y un después para el sector. A partir de ahora, toda vivienda ofertada como alquiler temporal en plataformas digitales debe contar con un número de registro oficial visible en los anuncios, lo que permitirá identificar claramente a cada inmueble, su propietario y su situación legal.

Durante la última década, plataformas como Airbnb han revolucionado el sector turístico y el mercado inmobiliario, pero a costa de graves efectos colaterales. En ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Valencia, el alquiler turístico ha colonizado miles de viviendas que antes eran residencias habituales, desplazando a vecinos y alterando la vida comunitaria.

Esta situación ha generado una economía sumergida donde muchos propietarios no cumplen con las normativas: no registran sus contratos, no declaran los ingresos y alquilan pisos que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad. La especulación y la falta de regulación han erosionado la función social de la vivienda, algo que el nuevo registro busca corregir.

El Gobierno ha subrayado que esta regulación no busca prohibir el alquiler turístico, sino someterlo a condiciones claras y exigibles legalmente. El número de registro se convierte en una herramienta esencial para garantizar la legalidad de las viviendas turísticas y para que las administraciones locales puedan ejercer un control eficaz.

PROTECCIÓN A LOS INQUILINOS VULNERABLES

Además del registro, el Congreso está tramitando una ley que equiparará los contratos de alquiler de temporada con los de alquiler tradicional, en respuesta a abusos recientes. Durante el último año, se ha detectado un uso fraudulento del alquiler de corta duración para esquivar las garantías del alquiler habitual, como el control de precios o la devolución de fianzas.

Muchos propietarios han aprovechado la figura del alquiler temporal para expulsar a inquilinos vulnerables y evitar sus responsabilidades legales. Esta nueva ley reforzará el marco de protección para los inquilinos e intentará desincentivar estas prácticas abusivas, contribuyendo a que el acceso a la vivienda sea más justo y transparente.

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RÉGIMEN SANCIONADOR

Sin embargo, CECU advierte que la medida del registro será insuficiente si no va acompañada de un régimen sancionador efectivo y de recursos para inspección y control. Eloy Gutiérrez señala que «sin mecanismos efectivos de control y sanción, queda demostrado que las plataformas siguen saltándose la ley sin asumir ninguna consecuencia y agravando la crisis de acceso a la vivienda. Instamos al Gobierno a abordar frontalmente el problema de la vivienda para garantizar que los fraudes no queden impunes».

La denuncia contra Airbnb y Booking pone de relieve una realidad preocupante: la impunidad con la que actúan las plataformas digitales ante falta de cumplimiento de la normativa, que solo parece actuar para las empresas ‘analógicas’.


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