Deutsche Bank ha difundido sus valoraciones sobre el sector europeo de utilities, esto es, empresas de servicios, y Redeia no sale muy bien parada. El banco alemán no confía en la capacidad de la matriz de Red Eléctrica para generar un flujo de caja decente, por lo que le ha estampado la temida etiqueta de Vender (sell). Esta dura evaluación contrasta con el masivo apoyo que la presidenta del grupo, Beatriz Corredor, ha recibido de sus accionistas, a pesar del apagón del pasado 28 de abril.
REDEIA, LA ÚLTIMA DE LA CLASE EN RENTABILIDAD
El patrón empleado por Deutsche Bank para extraer sus conclusiones es el llamado Flujo de Caja Sostenible de Renta Variable (SEC, por sus siglas en inglés) como indicador de valor. Éste emplea estimaciones segmentadas de gastos de mantenimiento y reposición (capex) para estimar un nivel sostenible de generación de flujo de caja. Posteriormente, el banco efectúa sus previsiones de creación de valor.
Entre las utilities integradas, SSE, Engie, EDP, RWE, EDPR y E.On (Recomendación: Comprar) tienen las rentabilidades SEC más altas, junto con Orsted (Mantener). «Sin embargo, en el caso de Orsted, creemos que, tras los desafíos recientes, aún existen demasiadas incertidumbres como para recomendar su compra», matiza Deutsche Bank.
Verbund y Fortum (Vender) tienen las rentabilidades SEC más bajas; mientras que, entre las utilities reguladas, Snam, Pennon, Terna y National Grid (Comprar) tienen las valoraciones más altas en este apartado. Redeia (Vender) tiene la más baja.
«El sector en su conjunto ofrece una rentabilidad SEC ponderada del 8.6%, moderadamente por encima de su coste de capital estimado en 8,2%», detalla el informe de la entidad germana.
ABRUMADOR RESPALDO DE LOS ACCIONISTAS DE REDEIA A CORREDOR
No se puede decir que el catastrófico corte de suministro del 28 de abril y la polémica que le siguió hayan mermado la confianza de los inversores de Redeia en la actual dirección de la compañía. En la junta de accionistas celebrada este lunes, el 98% de accionistas votó en contra de cesar a Beatriz Corredor de su puesto al frente de la empresa.
La reunión, eso sí, fue tensa. Redeia, compañía matriz de Red Eléctrica de España (REE), gestora oficial del sistema eléctrico nacional, recibió durante el transcurso de la misma duras críticas por el manejo de los acontecimientos que llevaron al corte total del suministro.
Corredor llegó incluso a retirar la palabra al accionista Artemi Suárez Herrera después de que éste se refiriese a todos los miembros del consejo como «cobardes» durante varias ocasiones y acusara a la presidenta de ser un «títere» del Gobierno de Pedro Sánchez.
LA PRESIDENTA, EN SUS TRECE
La investigación del apagón ha encendido una auténtica batalla política y mediática entre Redeia y las empresas del sector eléctrico, en la que ambas partes se acusan mutuamente de la responsabilidad de lo sucedido.
Durante la junta, Corredor demostró una vez más que no está dispuesta a ceder terreno en esa guerra: reiteró que la actuación de REE antes, durante y después del blackout fue impecable, y guiada por un cumplimiento riguroso de la normativa.
Actualmente existen tres informes sobre las causas del apagón: el oficial del Gobierno, el encargado por la patronal del sector eléctrico, Aelec, y el realizado por REE
Actualmente existen tres informes sobre las causas del apagón: el oficial del Gobierno, el encargado por la patronal del sector eléctrico, Aelec, y el realizado por REE. Corredor se remitió a este último para apuntar, una vez más, al incumplimiento por parte de las eléctricas de los controles de tensión como el desencadenante del apagón.
«Si los generadores hubieran cumplido con las obligaciones de control de tensión que les impone el procedimiento de operación, no hubiéramos tenido oscilaciones, no habríamos perdido el sincronismo, no habríamos tenido apagón», defendió.
El terreno de la transparencia ha sido otro de los campos de batalla entre Redeia y las eléctricas. En este sentido, la presidenta recordó que Red Eléctrica fue la única empresa que dio su consentimiento para la difusión de todos los datos disponibles, de entre un total de 67 compañías a las que el comité ministerial del Gobierno pidió autorización para hacer pública la información necesaria para explicar lo sucedido.
