El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha renovado por 15 años la licencia de emisión de la televisión autonómica RTVCyL, una decisión que ha generado fuerte controversia y se interpreta como una maniobra política para blindar a la cadena frente a los recientes cambios legislativos promovidos por la oposición.
La resolución, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), extiende la vigencia de la concesión hasta 2040, una vez finalice la actual el 23 de septiembre de 2025. Según la Junta, la renovación se ha producido automáticamente conforme a la Ley General de Comunicación Audiovisual, al acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales por parte de RTVCyL, gestionada por los grupos mediáticos Promecal (familia Méndez Pozo) y Edigroup (familia Ulibarri).
Sin embargo, la decisión ha sido recibida con duras críticas por parte de varios grupos parlamentarios, que acusan al presidente Mañueco de actuar con opacidad y de proteger intereses privados afines al Partido Popular.
La polémica se ha intensificado por la cercanía de esta renovación con la reciente aprobación, histórica por su rareza, de la nueva Ley de Publicidad Institucional en las Cortes de Castilla y León. La norma, promovida por Unidas Podemos y apoyada por PSOE, Vox y el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, ex de Ciudadanos, fue aprobada contra el voto del PP, algo que no ocurría desde 1988.
La nueva ley limita la publicidad institucional al 33% del volumen de negocio de los medios. Para Igea, la renovación de la concesión a RTVCyL es escandalosa y evidencia que Mañueco actúa en favor de sus intereses particulares, ignorando la voluntad mayoritaria de las Cortes. Por su parte, Vox ha exigido que la Junta entregue toda la documentación relativa a la renovación automática de la licencia.
En respuesta a la aprobación de esta norma, la Junta ha anunciado que pedirá un informe al Consejo Consultivo para aclarar sus posibles lagunas jurídicas. Paralelamente, el PSOE ha confirmado que impulsará una reforma de la ley para especificar que el límite del 33% en publicidad institucional se aplica exclusivamente a lo contratado por la Junta, excluyendo a otras administraciones.
236 MILLONES DE EUROS EN DIEZ AÑOS
El contexto económico de la televisión autonómica no ayuda a apaciguar los ánimos. La Junta ha adjudicado 48 millones de euros a RTVCyL para los próximos dos años, sin contar la publicidad institucional.
En la última década, la televisión ha recibido 236 millones de euros, pese a mantener una audiencia media de apenas el 1,2% de share en el caso de La 7 y alrededor de un 1% para la red local La 8. Las críticas a su línea editorial, percibida como afín al PP, se suman a las denuncias sobre precariedad laboral. Hace apenas unos días, más de 300 trabajadores se manifestaron en contra de sus condiciones laborales.
7La figura de Raúl Briongos, exjefe de informativos despedido hace tres años, también ha vuelto al foco. El PSOE ha recordado el episodio como ejemplo de censura y presiones políticas sobre los contenidos informativos de la cadena.
Actualmente, RTVCyL funciona como una televisión autonómica de gestión privada pero con financiación pública. Está dirigida por dos empresarios ligados a casos de corrupción: José Luis Ulibarri y Míchel Méndez Pozo, ambos condenados en el pasado por delitos relacionados con el urbanismo y las adjudicaciones públicas.
Pese a las denuncias, el PP continúa evitando abrir un debate público sobre la gestión de la cadena y asegura que las nuevas normas aprobadas afectarán a un nuevo canal autonómico subvencionado con dinero público, y presumiblemente afín a los ‘populares’, que podría convivir con Castilla y León Televisión.
