Navarra se ve sacudida por una trama que mezcla poder político, contratos millonarios y conexiones empresariales en la sombra. Mientras el caso Cerdán centra la atención mediática a nivel nacional, en la comunidad foral crece una investigación paralela con derivadas explosivas.
El epicentro, un dirigente con fama de humilde (Santos Cerdán), el gigante Acciona y una modesta empresa de construcción (Servinabar 2000 SLU), salpicados por una cascada de adjudicaciones públicas que hoy están bajo lupa judicial. La compañía de Antxon Alonso, que carecía de historial relevante en grandes obras, ha participado en consorcio con Acciona en al menos seis contratos que suman cerca de 86 millones de euros.
Entre los encargos más destacados figura el polémico desdoblamiento del túnel de Belate, valorado en 76 millones, el reacondicionamiento del Navarra Arena, varias promociones de vivienda protegida y la edificación de un colegio en Arbizu.
En todos estos proyectos, Servinabar actuaba como socio minoritario. Detrás de su fulgurante ascenso aparece un nombre conocido en el engranaje del PSOE: Santos Cerdán. Una escritura privada incautada por la Guardia Civil desvela que el ex número tres socialista habría sido titular del 45 % del capital de Servinabar.
Este documento, fechado en 2016, destapa una posible trama de influencias que habría permitido a la firma entrar en obras públicas millonarias, algunas cofinanciadas por el Estado. La adjudicación del túnel de Belate, por su envergadura y relevancia política, se ha convertido en el símbolo de esta presunta red de favores. El contrato fue adjudicado a finales de 2023 a un consorcio liderado por Acciona, acompañado por Servinabar y Excavaciones Fermín Osés.
Pese a las presuntas garantías institucionales sobre su limpieza, varios miembros del comité técnico de valoración expresaron reparos, señalando falta de justificación en los criterios empleados para otorgar la puntuación. La operación contó además con financiación estatal: el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Óscar Puente, concedió una subvención de 40 millones para la ejecución de las obras.
La cronología de los hechos sugiere una sincronía entre la aportación estatal y la inclusión de la empresa navarra ligada a Cerdán, generando sospechas sobre si existieron presiones políticas para beneficiar a determinados actores.
Lo más llamativo para muchos observadores es que los contratos no son exclusivos del actual Ejecutivo. Servinabar fue adjudicataria también bajo el Gobierno de Uxue Barkos, con obras como el pabellón Navarra Arena o promociones de vivienda pública. La continuidad de estas adjudicaciones a través de distintas administraciones y legislaturas alimenta la hipótesis de que el entramado no obedece a un periodo político concreto, sino a una red estructural de connivencias institucionales.
En esta trama, la siempre polémica Acciona intenta desmarcarse. La multinacional ha señalado al exdelegado en Navarra, Fernando Merino, como responsable de haber incorporado a Servinabar en las uniones temporales de empresas sin consultar con la cúpula.
Merino, también imputado, habría actuado con plena autonomía, según afirma el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, quien recalca que su empresa no participó en ninguna maniobra fraudulenta pese al currículum de escándalos que acumulan en los últimos años.
Por su parte, Servinabar se defiende atacando. Niega cualquier comportamiento ilícito, asegura haber cumplido los requisitos legales en todos los contratos y acusa a Acciona de intentar apartarla de las obras por motivos ajenos a la ética. Mientras tanto, la ejecución del túnel de Belate sigue su curso.
EL PSN-PSOE, OTRA VEZ
Desde el Gobierno navarro, la carbonizada presidenta María Chivite ha defendido la legalidad del proceso de adjudicación. Ha subrayado que no existía información oficial que vinculase al que ha sido el político más poderoso de la Comunidad Foral desde 2018, Cerdán, con Servinabar en el momento de la firma. Sin embargo, los partidos de la oposición han cargado con dureza.
UPN, PP y Vox exigen aclaraciones inmediatas y exponen como intolerable que una empresa con conexiones políticas haya sido favorecida en concursos públicos sin el debido control. El Tribunal de Cuentas de Navarra ya había encendido la señal de alarma meses antes. En un informe publicado en noviembre de 2024, alertó sobre diversas anomalías en la adjudicación del túnel de Belate, destacando la falta de transparencia y cuestionando el sistema de puntuación.
Estas advertencias, entonces desoídas, ahora adquieren nueva dimensión. El escándalo ha colocado al Partido Socialista de Navarra en una posición incómoda. Y no es la primera vez, ya que esta formación prácticamente monopoliza los casos de corrupción del último medio siglo en la Comunidad Foral.
