Después de más de tres décadas de espera, uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la capital, la Operación Campamento, parece finalmente ponerse en marcha. Más de 2,1 millones de metros cuadrados de antiguos terrenos militares en el suroeste de Madrid, concretamente en el distrito de Latina, serán transformados en una nueva área residencial, verde y conectada.
Sin embargo, aunque las cifras y promesas son ambiciosas, el proyecto también despierta interrogantes sobre su ejecución, el impacto real en el acceso a la vivienda y la sostenibilidad a largo plazo.
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
El plan ha sido impulsado tras años de bloqueo gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, y el Gobierno central de Pedro Sánchez. El consenso entre PP, PSOE y Vox permitió que la SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) recibiera luz verde para desarrollar el ámbito, aunque la oposición de Más Madrid dejó entrever ciertas dudas sobre el modelo de ciudad que este desarrollo representa.
Desde 2022, Ayuntamiento y Ministerio de Vivienda han trabajado para convertir estos terrenos en desuso en un nuevo espacio urbano, con una gran promesa: 10.700 viviendas, más del 65% con algún tipo de protección. No obstante, lo que en el papel suena como un avance hacia una ciudad más justa, suscita cautela entre quienes temen que gran parte de estas viviendas puedan terminar fuera del alcance de las familias con rentas bajas.
VIVIENDA PROTEGIDA
El Ministerio de Vivienda asegura que todas las viviendas, tanto las de protección oficial como las libres, serán asequibles, aunque también admite que el concepto es flexible. Los criterios para fijar precios podrían basarse en el 30% de los ingresos medios familiares o en un índice oficial, pero todavía no hay concreción ni garantías de que esta política no sea revertida o diluida en el futuro.
Además, la existencia de mecanismos legales para descalificar viviendas protegidas, y convertirlas en viviendas libres, plantea dudas sobre la verdadera vocación social del proyecto, aunque el Gobierno promete limitar esta práctica hasta 90 años.
El diseño urbanístico contempla una distribución que busca integrar vivienda, zonas verdes, comercio y equipamientos. Se destinarán más de 560.000 m² a calles, 210.000 m² a espacios verdes, y cerca de 180.000 m² a equipamientos sociales.
También se reservarán terrenos para oficinas (59.000 m²) y comercio (93.000 m²). Un modelo equilibrado sobre el papel, pero que no está exento de críticas: algunas voces apuntan que un desarrollo de estas dimensiones puede favorecer una especulación encubierta si no se gestiona con rigor y transparencia.
Por otra parte, se ha anunciado que las viviendas se organizarán en manzanas semiabiertas con bajos comerciales, una solución moderna que podría favorecer la vida urbana, aunque no siempre ha funcionado bien en otros desarrollos recientes, como Valdebebas o Sanchinarro, donde los servicios tardaron años en llegar y los espacios públicos no terminaron de consolidarse.
FASES
Aunque el calendario oficial apunta a que las obras de urbanización comenzarán entre finales de 2025 y principios de 2026, y que las primeras viviendas podrían construirse en 2027, la experiencia con otras grandes operaciones urbanas en Madrid invita a la cautela.
El proyecto está dividido en tres fases, una de las cuales depende directamente de la ampliación del soterramiento de la A-5, aún en planificación. Además, se ha admitido que habrá colaboración público-privada, una fórmula que puede agilizar la inversión, pero que también tiende a priorizar la rentabilidad sobre el interés general si no se regula adecuadamente. Una de las grandes bazas del plan es su conexión con el transporte público.
Se prevé una nueva estación de Metro en la línea 10, entre Colonia Jardín y Aviación Española, aunque su ejecución dependerá de la Comunidad de Madrid, que aún no ha confirmado el calendario. También se han planteado propuestas como un nuevo intercambiador o la ampliación de la línea 11, pero estas opciones siguen siendo poco más que intenciones sin compromiso firme.
Si el transporte no llega a tiempo, se corre el riesgo de repetir errores del pasado: barrios desconectados y dependientes del vehículo privado. Borja Carabante, concejal de Urbanismo, defendió que esta operación responde a tres desafíos clave: crear vivienda, renovar espacios urbanos y fomentar la sostenibilidad.
Sin embargo, el discurso oficial contrasta con los interrogantes que aún se ciernen sobre cómo se garantizará la equidad en el acceso a estas viviendas.
