El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reprochado al Gobierno lo que considera una politización excesiva en torno a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, así como la prolongación innecesaria del proceso.
Según ha defendido durante su intervención en el curso de verano “Cuarenta años de la firma de adhesión de España a la UE”, organizado por la APIE con el patrocinio de BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el tiempo transcurrido sin resolución está generando inseguridad jurídica y desconfianza entre los inversores.
«Con respeto a las dos partes, no podemos estar 14 meses de inestabilidad. No podemos estar 14 meses para adelante y para atrás. Esto perjudica a las dos entidades», afirmó Garamendi, quien recordó que tanto BBVA como Sabadell son socios de la patronal. Subrayó además la necesidad de respetar el papel de los accionistas: «Hay que preguntarles a ellos, que son quienes deben tomar la decisión en función de sus intereses».
Para el presidente de la CEOE, la falta de una resolución clara en este proceso está teniendo consecuencias más allá del propio sector financiero. En su opinión, la percepción internacional sobre el clima empresarial español se está viendo afectada. “Los fondos y los inversores extranjeros miran estas cosas. Se están generando dudas que perjudican la confianza. Y la confianza es precisamente lo que provoca inversión”, alertó.
Garamendi relacionó esta situación con un entorno político y regulatorio que, desde su punto de vista, no transmite estabilidad ni certezas a largo plazo. «Estamos en un momento muy delicado, donde muchas empresas no vemos motivos claros para invertir. Hay inseguridad jurídica, y el momento político es inestable» lamentó.
Críticas a la intervención del Gobierno
Al analizar el papel del Ejecutivo en el proceso, Garamendi no dudó en señalar que ha habido un comportamiento intervencionista por parte del Gobierno en esta operación empresarial. Aclaró, sin embargo, que no extiende esta actitud a todas las áreas del Ejecutivo. “No lo es en todas las cosas, pero sí en esta”, señaló, estableciendo una diferencia clara entre los ministerios. Mientras que valoró positivamente la relación institucional con el Ministerio de Economía, criticó abiertamente la política económica impulsada por el Ministerio de Trabajo, a la que sí definió como intervencionista.
Esta diferenciación apunta a uno de los mensajes centrales de su intervención: la necesidad de una mayor seguridad jurídica y previsibilidad en las decisiones que afectan al entorno empresarial. “Lo que necesitan las empresas es saber a qué atenerse, un marco normativo estable, y que las reglas del juego no cambien en mitad del partido”, insistió.
EL GASTO EN DEFENSA Y EL COMPROMISO CON LA OTAN
Garamendi también abordó otros asuntos de actualidad económica y geopolítica. En relación con el acuerdo de la OTAN para aumentar el gasto en defensa, al que el Gobierno español ha mostrado reticencias, consideró que España debe mantener una actitud leal con sus socios europeos y atlánticos.
“No es un tema de que nos guste más o menos. Formamos parte de un club, y tenemos que participar con nuestros socios. Si no lo hacemos, lo vamos a pagar”, advirtió. Su posición remarca la importancia de cumplir con los compromisos internacionales no solo por una cuestión de imagen exterior, sino también como garantía de estabilidad interna y previsibilidad para los inversores y para la posición de España en el escenario global.
La intervención de Garamendi ha estado marcada por un tono firme, aunque conciliador en algunos puntos, especialmente cuando ha querido desmarcar sus críticas de una oposición frontal al Gobierno. Ha insistido en la importancia de que los debates económicos y empresariales no se contaminen con intereses políticos coyunturales, y ha pedido responsabilidad institucional a todas las partes implicadas en procesos como la OPA del BBVA sobre Sabadell.
En definitiva, el presidente de la CEOE ha vuelto a defender la autonomía empresarial, el respeto al mercado y la necesidad de generar un clima de confianza y estabilidad para que España siga siendo un país atractivo para la inversión. La prolongación de la OPA, a su juicio, va justo en la dirección contraria.
