Los operadores de telecomunicaciones adjudicatarios del programa UNICO Banda Ancha Rural afrontan retos y dificultades más allá de los inconvenientes propios de la instalación de fibra óptica en zonas rurales, apartadas, con catastros complicados y con escasa población que no les asegura rentabilidad inmediata.
Todos encaran la necesidad de demostrar que las instalaciones se han realizado en cada una unidad inmobiliaria prevista en el proyecto presentado para obtener la subvención. Si las ayudas se han utilizado como financiación, tal y como denuncian fuentes del sector, en vez de desplegar fibra, no se obtiene la certificación y deben devolver el dinero subvencionado. Y las certificaciones son a veces complicadas, porque el Ministerio es exigente.
El programa UNICO (Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión) comenzó su andadura en 2021, cuando sustituyó al antiguo programa PEBA (programa de extensión de la banda ancha) con la intención de desplegar infraestructuras de banda ancha en la totalidad del territorio nacional, y ha habido convocatorias cada año hasta el pasado 2024.
«la administración es muy muy exigente con las certificaciones, pero no de manera gratuita; se han puesto así porque algunos actores del sector han optimizado las ayudas como financiación»
En 2021 fueron Telefónica, Avatel y Adamo los operadores que se repartieron los casi 250 millones de euros de la subvención financiados con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. En 2022 el importe de la inversión fue de casi 245 millones de euros, y además de Telefónica, Avatel y Adamo, accedió a la subvención el operador neutro Asteo, con proyectos en la provincia de Segovia y Burgos, además del operador valenciano Redi, con despliegues en la provincia de Alicante y el gallego Vento Redem, que desplegaría en A Coruña.
El programa en 2023 repartía más de 134 millones de euros también. Telefónica, Avatel, Adamo, Vento, Redi y a MasMovil Broadband (ahora en MasOrange) en las provincias de Sevilla, Ávila y Burgos. La convocatoria de 2024 repartió poco más de 18 millones y medio de euros de nuevo a Avatel, Telefónica, Adamo, Vento en Galicia, Asteo en Salamanca y Segovia y como novedad a Orange en las provincias de Toledo, Madrid, Jaén, Guipúzkoa, Ciudad Real, Cáceres y Barcelona.
PLAN UNICO COMO FINANCIACIÓN
Como el pago de la totalidad de la ayuda se realiza con carácter anticipado tras dictarse la resolución de concesión. La certificación de los trabajos tiene un plazo de dos años. En la actualidad, se están certificando las actuaciones realizadas en 2022. Si no se justifica la realización de la totalidad del proyecto y la instalación en el número de unidades inmobiliarias previstas, hay que devolver la subvención correspondiente. La mayor parte de los operadores concesionarios de las ayudas del UNICO están justificando y certificando las actuaciones realizadas, pero afrontando retos técnicos y administrativos para ello.
«Aquellos operadores que hayan utilizado los fondos para engordar sus cuentas bancarias, generar sus intereses y no para realizar las instalaciones de fibra óptica, sino con el objetivo de luego devolverlo, no tendrán más remedio que reintegrar al ministerio el dinero en proporción a las unidades inmobiliarias no instaladas», nos denuncian fuentes del sector implicados en el programa UNICO, que evitan señalar a los operadores concretos que han podido realizar estas prácticas.
Nos explican que es cierto que «la administración está muy muy exigente con las certificaciones, pero no de manera gratuita; se han puesto exigentes porque algunos actores del sector han optimizado las ayudas como financiación», porque el plan lleva el despliegue de fibra «a zonas muy complicadas. Hay operadores a los que no les queda más remedio que reconocer que no han podido ejecutar determinados proyectos, y devuelven el dinero. Esto le preocupa al ministerio y es la razón por la que son muy exigentes con las certificaciones de las instalaciones».
La preocupación ministerial es que cada euro se haya utilizado en la implantación de banda ancha fija en las zonas más despobladas de España, que puede presumir del ser país con la mayor red de fibra óptica (FTTH) instalada de Europa, ya que superamos el 92% de cobertura nacional. El dinero del plan UNICO viene directamente de fondos europeos y no puede ser utilizado más que para su función de llevar la conectividad fija al último rincón del país.
Aquellos operadores que hayan utilizado los fondos para engordar sus cuentas bancarias, generar sus intereses y no para realizar las instalaciones de fibra óptica, sino con el objetivo de luego devolverlo, no tendrán más remedio que reintegrar al ministerio el dinero
Así, fuentes del sector implicadas en el programa reconocen que sí hay problemas con las certificaciones de las convocatorias del plan UNICO, porque ha aumentado el nivel de exigencia respecto a convocatorias anteriores. Además de la documentación que los operadores deben presentar, algunos de los implicados en los planes sugieren que «lo ideal sería que inspectores ministeriales pudieran acercarse a las zonas donde se han realizado las instalaciones para certificar las mismas».
Esta certificación física, en vez de con visitas, se está realizando mediante fotografías y otras pruebas documentales, «mediante fotos de las cajas de registro de la fibra, o documentos catastrales que demuestran la existencia y situación de las unidades inmobiliarias conectadas, ya que «se dan casos en los que el edificio al ministerio no le consta catastralmente, porque se trata de una edificación ilegal, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando no solo de zonas rurales; muchas son ultra rurales».
Se han dado casos en los que un operador ha sido concesionario de las pedanías o aldeas de una localidad concreta, y el alcalde se ha desesperado porque se instala la fibra en las pedanías antes que en el centro del pueblo incluido el propio ayuntamiento. «El operador concesionario en un año anterior de plan UNICO del centro de la localidad no ha instalado la fibra, y el dinero de la subvención no lo tiene que devolver hasta dos años después, que es el plazo para certificar los trabajos. Mientras, uno o dos años después llega otro operador concesionario de las pedanías y sí instala. A los alcaldes y vecinos esta situación les parece kafkiana».
Hay otras dificultades añadidas que se encuentran los operadores, como tener que instalar en zonas sin infraestructura básica, somo caminos pavimentados, postes eléctricos, conductos subterráneos, edificios y zonas catalogadas como históricas o protegidas que requieren soluciones de instalación alternativas, por lo que surgen enfrentamientos con las autoridades locales que niegan los permisos.
LAS CONDICIONES DEL UNICO
Tal y como se recoge en las bases, «la concesión de estas ayudas queda sometida al cumplimiento de los condicionantes particulares que se indican en la resolución individual que corresponde a cada beneficiario». Para todas las convocatorias se establecen criterios de justificación de la subvención que requiere «aportación de los justificantes de gasto y de pago, junto con el informe de auditor» a través de una «cuenta justificativa» que debe contener una memoria de actuación y una memoria económica «justificativa del coste de las actividades realizadas». También se aclara que se debe «presentar un informe de auditor por proyecto, no siendo posible agrupar en un mismo informe varios proyectos del mismo beneficiario».
Así, en la última convocatoria de 2024, los operadores para justificar la instalación de cada unidad inmobiliaria (y son miles por proyecto) deben cumplimentar como parte de la memoria económica las dichas denominadas «Fichas de gastos UNICO_BA 2024», además de la cuenta justificativa con las facturas, los justificantes de pago superiores a 3.000 euros (instalar fibra óptica no es barato).
El Ministerio indica que la información relativa a cobertura alcanzada «se facilitará en un archivo CSV, con los datos georreferenciados de los inmuebles cubiertos» cumplimentando el correspondiente fichero. Los operadores deben también realizar declaraciones responsables de recepción de otros ingresos y ayudas, de instalaciones realizadas dentro de las Red Natura 2000 (red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad), de contratación con empresas vinculadas, la realización del proyecto con las autorizaciones y permisos preceptivos para no causar daños (el principio DNSH) y una declaración sobre «costes de personal propios e indirectos.
El plazo máximo para presentar la cuenta justificativa del proyecto es de tres meses a partir de la fecha de finalización del proyecto. El incumplimiento de los requisitos de las bases, las normas, y las condiciones da lugar a la «obligación de devolver las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes». Y es ahí donde se evidencian los retos que los operadores han tenido que enfrentar, bien relacionados son las instalaciones, bien con la utilización de los fondos concedidos.
